La Fiscalía solicita cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 100.000 euros para cada uno de los dos acusados, un hombre y una mujer residentes en Madrid, de transportar 660 gramos de cocaína desde Cádiz hasta Santa Cruz de Tenerife. Los hechos se produjeron el 28 de mayo de 2013.
Según recoge el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, estas dos personas se pusieron de acuerdo "para transportar cocaína entre Cádiz y Santa Cruz de Tenerife".
Así, entre los dos acusados "escondieron bajo la ropa de la mujer tres bolsas de plástico que contenían en su interior 660 gramos de cocaína con una pureza del 46,3 por ciento". El hombre "unió una de las bolsas al cuerpo de la mujer con un plástico a modo de faja", mientras que las otras dos bolsas fueron ocultadas por la acusada en su ropa interior.
De esta manera, la acusada viajó desde Madrid a Cádiz con un billete de tren facilitado por el individuo posteriormente arrestado, con el fin de transportar la droga que escondía bajo sus ropas a Santa Cruz de Tenerife. En la localidad tinerfeña, "según las instrucciones recibidas por el acusado", debía entregar la sustancia estupefaciente a una tercera persona que no ha sido identificada.
La mujer fue interceptada por agentes de la Guardia Civil durante el control de viajeros realizado en el puerto de Cádiz. Ambos acusados residen en Madrid. Una vez autorizada la entrada y registro en el citado domicilio, los agentes se incautaron en el interior de la vivienda enseres destinados a la preparación y distribución de droga.
En concreto, intervinieron un rollo de papel film, bolsas de plástico, una blaanza de precisión salter, un teléfono móvil sin tarjeta SIM y un lápiz de memoria, además de tres envoltorios que contenían en total más de tres gramos de cocaína de distinta pureza, sustancia destinada por los acusados "al tráfico ilícito con terceras personas".
Además, el acusado portaba en bolso tipo riñonera al ser detenido seis terminales de telefonía móvil. El total de la droga intervenida arrojaría en el mercado ilícito un precio aproximado de 40.000 euros según la tabla de precios y purezas de la droga correspondiente al segundo semestre de 2013 elaborado por la Oficina Central Nacional de Estupefacientes del Ministerio del Interior.
La acusada está en prisión por estos hechos desde el 29 de mayo de 2013. El Ministerio Fiscal entiende que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública.
Por ello, defiende que procede imponer a cada uno de los acusados una pena de prisión de cuatro años y seis meses, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como una multa de 100.000 euros con 60 días de privación de libertad en caso de impago.
