El Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga tiene previsto juzgar este martes, 16 de septiembre, al exalcalde por el PP de la localidad malagueña de Cómpeta Leovigildo López, que ya ha sido juzgado en varias ocasiones por delitos urbanísticos, según han informado fuentes judiciales. En esta causa, el fiscal pide un año de prisión por conceder una licencia ilegal; además, se acusa a otras seis personas.
Según las conclusiones provisionales del ministerio público, a las que ha tenido acceso Europa Press, el acusado, siendo alcalde, concedió en noviembre de 2003 a un particular una licencia de obra de nueva planta "sabiendo que la clasificación del suelo como no urbanizable lo impedía", ya que no se acreditaba la necesidad de la casa en relación con una explotación agrícola o ganadera.
Así, la acusación sostiene que se apartó "absolutamente y a sabiendas del procedimiento legalmente establecido, pues no sólo se obvió la tramitación del proyecto de actuación", sino que, además, "se concedió la licencia con la sola solicitud, tres días después de su presentación y sin que se hubieran emitido los preceptivos informes técnico y jurídico".
Durante las obras y por denuncias de propietarios colindantes, el arquitecto técnico, también acusado, a la vista del expediente de licencia de obras emitió un informe en julio de 2004, señala el fiscal, "silenciando la evidente irregularidad en la concesión y que la ejecución no se ajustaba a la licencia".
Siguiendo esto, el promotor presentó solicitud de dicho proyecto "donde no se justificaba en absoluto la vinculación de la vivienda a explotación agrícola alguna", añade el escrito inicial. Con esta "exigua" documentación y con la casa ya construida, el arquitecto municipal emitió en junio de 2005 un primer informe favorable para admitir a trámite el proyecto presentado.
El dictamen de la Junta de Andalucía fue desfavorable, a lo que ese último acusado respondió con un segundo informe también a favor, se precisa. El Pleno, en mayo de 2006, aprobó el proyecto de actuación con los votos del entonces alcalde y cuatro ediles más, también acusados. Posteriormente, el arquitecto volvió a emitir un documento indicando que no hay inconveniente para la legalización.
La secretaria municipal, acusada igualmente, informó a favor de la concesión de la licencia de primera ocupación, a pesar de las "irregularidades cometidas en el expediente, de las que no puede ser ignorante en su función". Por último, la junta de gobierno local, formada por el entonces regidor y dos concejales, acordó la legalización de las obras y la concesión de la última licencia.
Para el ministerio público, los hechos constituyen un delito contra la ordenación del territorio del que acusa a estas siete personas, para las que solicita un año de prisión y nueve de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Además, insta a que la licencia sea anulada. Al exregidor le constan al menos dos sentencia firmes por prevaricación urbanística.
