La presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir (MMBG) ha convocado para este martes 22 de abril el Pleno de la institución en el que está previsto que se apruebe su disolución y liquidación de forma definitiva, toda vez resueltas las alegaciones presentadas.
Con este último trámite se da un paso definitivo para que la deuda que arrastra la entidad, cifrada en unos 52 millones de euros por la comisión liquidadora, pase a los once ayuntamientos miembros -ocho de la provincia de Sevilla y cuatro de Cádiz, entre los que se encuentra Sanlúcar de Barrameda con una de las cuotas más altas de participación y, por tanto, de deuda-.
En junio de 2013 el Pleno de la Mancomunidad dio el primer paso en firme para su disolución, presentando el informe de la situación de la entidad, que arrojaba una deuda de 51,7 millones de euros. Finalmente, esa cantidad ha quedado reducida a los 42 millones de euros, después de que la Junta de Andalucía se comprometiera a hacer frente al coste de sellado de los dos vertederos de la Mancomunidad, ubicados en Lebrija y Utrera, y que habían supuesto uno de los puntos objetos de discordia entre los municipios, al no haber hecho uso de estas instalaciones y tener que hacer frente, según la primera liquidación prevista, al coste de su sellado por igual. El asunto quedó resuelto con el acuerdo alcanzado con el Gobierno andaluz, reduciendo en el caso de Sanlúcar en 3,5 millones de euros la deuda a la que deberá hacer frente el municipio.
Con el acuerdo de liquidación definitiva que se presupone se adoptará el próximo martes, la deuda que tiene ahora el ente pasará directamente a los ayuntamientos miembros en función de la participación que tienen en los estatutos, así como otros pagos pendientes que tuvieran por los servicios recibidos por parte de la Mancomunidad. Con este acuerdo se hará frente a los casi 42 millones de euros que la Mancomunidad ha acumulado entre las deudas a proveedores programas que se han liquidado en negativo, trabajadores, Seguridad Social y Hacienda.
En base a estos estatutos, a los municipios de la provincia de Cádiz le corresponde la mayor parte de la deuda. El porcentaje de participación de Sanlúcar en la Mancomunidad, en base a la población del municipio, es del 27,4%, la más alta. Le siguen Rota, con el 19,5% y Chipiona, con el 14,5%. Sanlúcar fue una de las localidades que votó en contra de la liquidación inicial del ente. Los miembros del PSOE rompió la disciplina de voto (cuyos representantes en el resto de municipios votaron a favor) posicionándose en contra del informe de la comisión liquidadora y criticando duramente la postura de IU, que votó a favor.
POSIBLES EMBARGOS
Al pleno del próximo martes se llevará una propuesta de acuerdo que señala un plazo de 60 días para que los ayuntamientos dispongan en una cuenta corriente que se habilitará para la disolución del ente, la cantidad que les corresponda. En el caso de que no paguen, se enfrentarán a embargos.
La gestión de la Mancomunidad de Municipios del bajo Guadalquivir durante los últimos 25 años está siendo objeto de investigación por parte de la Fiscalía, que ya ha requerido información a la entidad en busca de posibles irregularidades, ante la denuncia del Partido Popular.
LLAMAMIENTO A DIPUTACIÓN, JUNTA Y ESTDO PARA AFRONTAR LOS PAGOS
Con la actual situación de los ayuntamientos, el cierre definitivo de la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir (MMBG) y el hecho de que la deuda se reparta en base a criterios poblacionales entre los ayuntamientos miembros, la petición de ayuda a otras administraciones es el objetivo número 1 en la agenda de los responsables municipales, que temen que asumir la deuda del ente pueda colapsar sus ayuntamientos.
En este sentido, desde el Consistorio sanluqueño se han dado algunos pasos para lograr que tanto el Estado como la Junta de Andalucía o la Diputación provincial de Cádiz arbitren medidas excepcionales que permitan hacer frente a esa deuda, sin poner en peligro el pago de las nóminas y proveedores. Se han remitido cartas a las diputaciones de Sevilla y Cádiz y se han mantenido reuniones con responsables del Gobierno andaluz en este sentido. En principio, la Diputación de Sevilla sí se ha posicionado a favor de adelantar el dinero a los ayuntamientos si bien, según las fuentes consultadas por este medio, la Diputación provincial de Cádiz “ni acudió a la reunión” que se celebró para abordar la situación de los cuatro ayuntamientos gaditanos -Sanlúcar, Chipiona, Rota y Trebujena - que podrían verse en dificultades de no arbitrarse medidas especiales que faciliten el pago de la deuda, 11,5 millones de euros en el caso de Sanlúcar.
Incluso la propia presidenta de la entidad, María José Fernández, ha apuntado la necesidad de que el resto de administraciones pongan en marcha mecanismos que eviten que los ayuntamientos pongan en riesgo el pago de las nóminas de su personal y los servicios que prestan, a través de un anticipio o una operación financiera que les permita hacer frente a los pagos sin quebrar.
El Partido Popular instó a la Junta de Andalucía a que apoyara a los ayuntamientos miembros de la Mancomunidad para dar solución también a los trabajadores y proveedores de la Mancomunidad que llevan años sin cobrar en espera de la disolución del organismo.
El Ayuntamiento de Sanlúcar abordará este próximo lunes en una reunión entre técnicos municipales y el equipo de Gobierno las alegaciones presentadas y el cambio de situación para Sanlúcar tras asumir la Junta de Andalucía el coste de 10 millones de euros del sellado de los vertederos de basura, uno de los principales caballos de batalla que el municipio ha defendido en los últimos años, abogando por una liquidación detallada en la que cada localidad hiciera frente a las deudas contraídas en base a los programas y actividades de las que se habrían beneficiado durante los 25 años de funcionamiento de la entidad. Además, mantiene la postura de agotar todas las vías posibles.
Hasta el momento, el Ayuntamiento de Sanlúcar ha conseguido evitar la quiebra que supondría añadir las deudas de la Mancomunidad a la ya complicada situación financiera del Consistorio sanluqueño. A finales de 2012, presentó un recurso contencioso contra la Seguridad Social, que le reclamó en 2012 1,5 millones de euros. El Ayuntamiento argumentó entonces que primero debería liquidarse el ente y, después, asumir cada localidad la parte de la deuda que le correspondiera. Ahora, ese momento de la disolución está más próximo y se siguen reclamando opciones que eviten el colapso financiero.
