El extesorero de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchís ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que le imponga una fianza de hasta seis millones de euros para asegurar la indemnización que podría imponérsele en un juicio a cambio de desbloquear las cuentas de su productora de cítricos La Moraleja, que podría verse abocada, según explica, a la "disolución".
Así consta en un escrito en el que Sanchís, que está imputado en el 'caso Gürtel' por ayudar al extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas a evadir su patrimonio desde Suiza, ofrece como aval para esta fianza 7.585.978 acciones de su empresa familiar, que estarían valoradas en más de 27 millones de euros.
La petición, a la que ha tenido acceso Europa Press, rechaza los informes realizados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por no ser "conformes a la verdad", aunque señala que, en todo caso, las cantidades que habrían sido blanqueadas no superarían los seis millones de euros: tres transferidos desde la Fundación Sinequanon, propiedad de Bárcenas hasta el HSBC de Nueva York, que Sanchís explica como un préstamo, y otros tres millones que se habrían traspasado utilizando cuentas de La Moraleja en Estados Unidos y Argentina.
"SALVAR A LA MORALEJA"
Aunque Sanchís rechaza "rotundamente" haber colaborado en las actividades delictivas que se le imputan, argumenta su defensa que con la imposición de esta fianza persigue "salvar a La Moraleja", lo que sería bueno para él mismo y "mejor para las responsabilidades económicas dimanantes de la causa".
La Moraleja, que en la actualidad es propiedad de los hijos de Sanchís, es "una de las mayores explotaciones agroalimentarias de América Latina, es titular de más de 23.000 hectáreas de superficie en explotación, da trabajo directo a más de 150 empleados más un número parejo de puestos de trabajo indirectos y factura más de 40 millones de dólares al año", según el escrito.
La representación de Sanchís también recuerda que las diligencias judiciales comenzaron a instruirse en el año 2008 y señala que es "presumible" que, "al menos hasta el año 2017, como mínimo, no se haya producido sentencia firme, dado el volumen y la complejidad de la causa".
