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Cádiz

IU pide la dimisión del concejal delegado de Deportes

Fernando Vivas: “Se están dando infracciones laborales muy graves en servicios e instalaciones deportivas que son municipales y el Ayuntamiento mira para otro lado, ni siquiera se ha pronunciado, hay que exigir responsabilidades"

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El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Cádiz solicita públicamente la dimisión del concejal delegado de Deportes, Alejandro Varela, “porque en su área se están produciendo asuntos muy graves sin que ni siquiera se haya pronunciado al respecto”.

En este sentido IU explica que, por un lado, el pasado mes de marzo la empresa EULEN, concesionaria de los servicios técnicos del Instituto Municipal de Deportes, fue sancionada por la Inspección de Trabajo por persecución sindical, constatando el inspector que dos trabajadores de las instalaciones deportivas municipales estaban siendo discriminados y apartados de sus funciones, como castigo por su labor sindical. Pero la cosa no queda ahí. Por otro lado, La Federación Andaluza de Vela, que a través de un convenio con el IMD gestiona el Centro Náutico Elcano, ha recibido dos sanciones de la Inspección de Trabajo este mismo mes de junio, una por fraude de ley en 22 contratos laborales y otra por persecución sindical.

Desde IU explican asimismo que la FAV va a dejar de encargarse del mantenimiento de las instalaciones de Elcano, pasando únicamente a gestionar las actividades deportivas, por lo que el IMD ha sacado un pliego de condiciones para el servicio de mantenimiento. El problema radica en que ese pliego elimina a cinco trabajadores del servicio, de manera que si antes eran seis las personas encargadas, ahora sólo será una. La Inspección de Trabajo ha considerado que la Federación Andaluza de Vela ha eliminado a estos cinco trabajadores de la lista de personal a subrogar como represalia por su labor sindical en el Sindicato Autonomía Obrera. “Desde IU no entendemos que el Ayuntamiento aceptara esta lista sabiendo que las instalaciones a mantener son las mismas y la frecuencia también, por lo que el trabajo que no hagan esas cinco personas tendrá que facturarse aparte, lo cual es un auténtico despropósito”.

Además, el concejal Fernando Vivas considera que “los tres asuntos son escandalosos y ya no nos vale que el Ayuntamiento se lave las manos diciendo que son empresas privadas, el concejal de Deportes no puede permitir que en instalaciones municipales estén sucediendo estas cosas y no puede permitir que empresas concesionarias de servicios municipales lleven a cabo reiteradamente malas prácticas laborales graves, es un auténtico despropósito y hay que exigir responsabilidades inmediatas al Ayuntamiento”.

Vivas considera asimismo que “es inadmisible que el concejal ni siquiera se haya pronunciado acerca de las tres sanciones del Ministerio de Empleo, porque repetimos, lo que ocurra en instalaciones deportivas municipales y en servicios deportivos que presta el Ayuntamiento de Cádiz a su nombre, es responsabilidad suya”. Añadiendo que “el Consistorio no puede delegar todos los servicios que presta a empresas privadas y luego no hacer un seguimiento para que la prestación de estos servicios sea adecuada y acorde a la ley. Mucho nos tememos que es el propio equipo de Gobierno el que quiere quitarse de en medio a trabajadores que consideran conflictivos, por el simple hecho de ejercer su derecho a sindicarse y defender sus condiciones laborales, y en estas empresas tiene al aliado perfecto para castigarlos”.

Finalmente, desde IU “exigimos, además de la dimisión del concejal de Deportes, una investigación de las malas prácticas que tanto la empresa EULEN como la Federación Andaluza de Vela hayan llevado a cabo para depurar responsabilidades, pero no solo responsabilidades empresariales si fuera necesario rescindir un contracto o convenio, sino también políticas, una vez se conozca la implicación del Ayuntamiento en estas irregularidades”. Recordando además que “como siempre decimos, si los entes municipales como el IMD gestionaran directamente sus servicios este tipo de situaciones no se darían, la gestión pública, por la que abogamos, puede garantizar mejores servicios y por supuesto, menor conflictividad laboral y respeto a las condiciones de trabajo”.

 

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