La delegada de Bienestar Social, Igualdad y Salud, Isabel Paredes, ha presentado el balance de gestión de 2012 donde ha diferenciado por un lado, las intervenciones específicas llevadas a cabo por los SSCC (se adjunta balance de intervenciones) y por otra parte las medidas de gestión para reducir las dificultades de las familias jerezanas, enmarcadas en el Plan Estratégico de Servicios Sociales, Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social 2012-2015 de cuyas 191 medidas 16 ya han sido ejecutadas, pues respondían a acciones concretas, "lo que supone un 16%"; y otras 105 medidas, un 54,97% del total, que están relacionadas con el impulso de programas y servicios, ya están en marcha, y que se desarrollarán durante todo el periodo del Plan; otras 55 medidas (el 28% del total) están pendientes de inicio, en función de diferentes circunstancias, "lo que supone que el 70% del Plan ya está en ejecución", ha afirmado.
Isabel Paredes ha hecho un llamamiento al trabajo conjunto porque a pesar de la situación de dificultad en algunas intervenciones los recursos se cuatriplican. "No es momento de duplicar ni solapar, es el momento de rentabilizar y optimizar entre todos. Nuestra función es administrar los recursos, mirar por cada euro que entra y sale, y con ello garantizaremos la justicia social, la equidad e igualdad de oportunidades, elementos imprescindibles de la protección social", ha apostillado.
Es por ello que en cuanto las intervenciones específicas, Isabel Paredes ha recordado el trabajo conjunto con las instituciones públicas y privadas, y el esfuerzo de los técnicos municipales lo que ha permitido este alto grado de ejecución del Plan. "El secreto está en el trabajo en red, en los convenios que hemos suscrito y, también, en el análisis de un nuevo modelo de atención. Hemos habilitado mecanismos que dan respuesta inmediata a los ciudadanos, a la unidad familiar".
En este sentido, la delegada ha recordado que por primera se han establecido acuerdos con AJEMSA (bonificaciones ordinarias y extraordinarias) y con EMUVIJESA para la compensación de gastos por endeudamiento en conceptos de agua y alquiler de vivienda para familias en situación de grave necesidad social, permitiendo agilizar la respuesta a las mismas. Se han habilitado líneas específicas para agilizar ayudas de emergencia social para conceptos como: gastos farmacéuticos, y enseres básicos de vivienda y ampliación de línea de suministro de artículos de primera necesidad y alimentación (contrato Carrefour). "Antes al no tener liquidez el Ayuntamiento los recibos lo abonaban las entidades sociales". El resultado ha sido un grado de ejecución del 90% de las ayudas ya que de los 1.650.000 euros se han abonado 1.4335.293, un total de 856.877 euros más que en 2011, sumando 9.775 ayudas abonadas en 2012.
No obstante, Paredes ha reconocido que no "va a caer en el triunfalismo" porque ante una situación de crisis hay más demanda en los servicios sociales. Por eso ha manifestado que hace falta rentabilizar los recursos existentes y hacer llegar la información de los mismos a las familias. Por ello ha apostado por el trabajo en red con las entidades sociales para dar una respuesta rápida y ágil, en este marco ha citado la importancia del convenio con las entidades sociales para la información compartida. Seguidamente, la delegada ha afirmado que si la Junta cumpliese con su deber, a la hora de abonar las subvenciones y el salario social, y "todos pusiéramos encima de la mesa los mecanismos y respuestas, no tendríamos listas de espera". Isabel Paredes ha reiterado que son 2.500 las familias jerezanas se encuentran en lista de espera para recibir el salario social que "como media tarda quince meses en resolverse".
El retraso en el pago del salario social está suponiendo un esfuerzo para el Ayuntamiento que junto con otras entidades está haciendo frente a las demandas sociales. El Ayuntamiento tramitó en 2011 un total de 1.660 expedientes de salario social de los cuales fueron concedidos 874, denegados 340, y quedando pendientes de resolver 446 expedientes (a fecha de marzo de 2013). Si nos remitimos a 2012 y lo que va de 2013, desde el Ayuntamiento hemos tramitado 1.479 solicitudes en 2012 y otras 525 en 2013, pendientes de resolver. "A todo esto hay que añadir al falta de subvenciones", ha afirmado.
Para afrontar la situación, el Gobierno de María José García-Pelayo ha llevado a cabo un impulso de las políticas sociales. "Hay una diferencia de gestión. El 54% de los asuntos de la Junta de Gobierno Local son de políticas sociales que dan respuesta a las necesidades sociales: convenios, contratos de ayudas, bonificaciones, "antes era un trabajo mecánico, de trámite" más que una política de gestión. "Se gastaba dinero pero faltaba la evaluación de la gestión. Hemos visto familias dependientes de los servicios sociales, con carencias específicas".
Una situación que ha conllevado una respuesta ágil e inmediata del Gobierno municipal ante situaciones, como la violencia de menores, a modo de ejemplo, con planes de intervención en familia e infancia que se recogen en el Plan Estratégico. Ha citado el Observatorio de Violencia de Género, el próximo Protocolo Interinstitucional de Menores, el ya firmado convenio de mediación o el de punto de encuentro, mecanismos y herramientas que han visto la luz gracias al Ayuntamiento. No obstante la delegada ha alertado ante la duplicidad de recursos en el caso de violencia de género.
Seguidamente, ha subrayado la actuación municipal con los menores en peligro de exclusión social a través de Sadij; que ha intervenido con 188 menores ampliando este recurso a la zona centro. Una actuación que se completa con recursos específicos para que las familias adquieran habilidades sociales.
Sin abandonar el ámbito familiar, el balance de intervenciones específicas ha tenido un gran exponente en materia de vivienda. El Gobierno municipal ha aprobado el nuevo Reglamento de Vivienda Social, que da acceso desde la igualdad de oportunidades. Asimismo se ha producido la adhesión al Fondo de Social de Viviendas y la Oficina de Intermediación Hipotecaria (OIH). "La OIH entra en funcionamiento en abril de 2012, ya ha intervenido con 225 unidades familiares (678 personas afectadas), de las cuales 116 expedientes han sido derivados al Colegio de Abogados al reunir los requisitos establecidos. Se han paralizado 20 desahucios", ha afirmado.
También ha vuelto a insistir en que debe haber, en una situación como la actual y en un sistema tan complejo, debe haber una única puerta de entrada en los Servicios Sociales. Aquí ha recordado que se ha establecido un protocolo para la atención inmediata de urgencias y situaciones de emergencia social. "Con una adaptación del sistema de atención descentralizada a la demanda real, reduciendo tiempos de espera, que en la mayoría de los centros sociales roza los quince días o veinte días, salvo el "más saturado, que es el Distrito de la Zona Sur que puede alcanzar los 30 días", ha finalizado.
