La instrucción judicial para dirimir si el exalcalde de Carboneras (Almería) Francisco Ruiz Aguado (PSOE) cometió delito electoral en 2007 acumula seis años de investigación sin que la Policía Judicial haya determinado aún si se ejecutaron las obras de mejora en calles de las que supuestamente se beneficiaron vecinos y comerciantes a cambio de su voto.
Entre las diligencias que ordenó en enero de 2011 la Audiencia Provincial de Almería y que aún no se han practicado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Vera figura también la toma de cuerpo de escritura y realización de prueba pericial caligráfica a Ruiz Aguado para su cotejo con las anotaciones manuscritas con "supuestas contraprestaciones" ofrecidas por él a ciudadanos del municipio a cambio de su voto por correo para el PSOE y dirimir su autoría.
Cabe recordar que el exregidor socialista, quien ejerció como primer edil en el año 2007 después de que el exalcalde Cristóbal Fernández renunciase al cargo para cumplir una condena de inhabilitación por otro delito electoral, fue imputado tras la declaración de un testigo presencial que, al parecer, le "sorprendió" tirando a un contenedor de basura una bolsa que contenía, entre otros documentos, esas anotaciones manuscritas. Ruiz Aguado está imputado junto a tres exediles socialistas y un empresario.
El letrado que ejerce la acusación particular en el procedimiento, Enrique Cerrudo, ha elevado al juzgado instructor de Vera un escrito en el que solicita que se oficie a la Policía Judicial para que practique ambas diligencias ordenadas hace más de dos años por la Audiencia Provincial y para que complete un informe remitido el 30 de enero pero encargado un año antes.
Así, el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, pide que la Guardia Civil de Garrucha determine la titularidad de diversos números de teléfono fijo, que en el primer atestado si figuran asociados a una identidad y que, una vez "subsanada dicha omisión", se entreviste con sus titulares y constate la existencia de las obras referidas "a efectos de poder determinar si alguna de esas personas identificadas pudo votar por correo en base a dádiva o promesa" por parte de los imputados.
La juez instructora ya tuvo que requerir en hasta tres ocasiones a las cuatro principales operadoras de telefonía móvil para que facilitasen al equipo de la Guardia Civil los datos relativos a los titulares de cinco números a fecha 27 de mayo de 2007 "aunque fueran secretos" como presuntos beneficiarios de los "favores" que el exregidor, según los indicios, prometía a cambio de voto tales como mejoras en las calles de sus viviendas o negocios, e "incentivos" en forma de subvención o de pago de la factura de la luz".
Justificaba la intervención del derecho al secreto de las comunicaciones en que, en el estado actual de la instrucción, se trataría de la "única vía de investigación para el esclarecimiento" de los hechos, por lo que concurrirían los presupuestos necesarios para acordar la medida de carácter excepcional".
La Audiencia Provincial de Almería ordenó en marzo de 2011 al juzgado instructor que continuase la causa abierta por un presunto delito electoral contra el exregidor al considerar que existían "indudablemente" toda una serie de "indicios racionales de criminalidad".
Reprochaba el tribunal a la Fiscalía, que entonces pidió el sobreseimiento de la causa contra Ruiz Aguado, el "contrasentido" de que estimase que existían indicios para imputar al resto de implicados por los documentos encontrados en la bolsa de basura y pretendiese "poner fin a la investigación sobre aquel que tiró la bolsa".
La citada bolsa, según consta en el atestado policial, contenía un elevado número de resguardos de votos por correo de vecinos de Carboneras, sobres sepia con papeletas para todos los partidos a excepción del PSOE, y documentación manuscrita supuestamente por Ruiz Aguado sobre las contraprestaciones ofrecidas a los ciudadanos del municipio a cambio de su voto.
HERMANA DEL EXALCALDE
La juez instructora ordenó a finales de 2010 incoar procedimiento abreviado por los mismos hechos contra, entre otros, la exprimera teniente de Alcalde de Carboneras (Almería), Rosario Fernández (PSOE), al apreciar que pudo cometer un delito electoral cuando, de cara a las elecciones municipales de 2007, logró que una vecina votase por correo a la lista socialista tras ofrecerle un puesto de trabajo como limpiadora en el Ayuntamiento.
La exedil fue condenada en enero de 2005 junto a su hermano, el exregidor Cristóbal Fernández, a seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por la comisión de otro delito electoral aunque finalmente ambos fueron indultados por acuerdo de Consejo de Ministros en diciembre de 2006, seis meses antes de los comicios y con la condición de que no volvieran a cometer delito doloso en el plazo de dos años.
La juez atribuye en la causa la presunta autoría de un delito de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General tanto a Rosario Fernández, como a las exediles socialistas Josefa Cruz Orta y Josefa Ruiz Sáez y el empresario Juan Cruz Cervantes. Según se recogía en el auto, de la pruebas practicadas podía "deducirse" que la primera teniente de Alcalde carbonera cometió delito electoral cuando le dijo textualmente a una vecina "me vas a votar por correo, que te voy a dar un puesto de trabajo en el Ayuntamiento como limpiadora". La citada vecina "fue a votar y le entregó la documentación" a Rosario Fernández.
"Ese mismo día --ahondaba la juez-- la concejal Josefa Ruiz Sáez le dijo que no se preocupara, porque iba a tener trabajo". En el caso de Josefa Ruiz Orta, con ayuda del otro imputado, Juan Cruz Cervantes, ésta le propuso a un empleado del último que fuera con ella a la oficina de correos donde el testigo "votó, recogió un sobre y se lo dio." A cambio, su jefe --añade la juez-- le "prometió un puesto de trabajo" mientras la edil le garantizaba, a su vez, que "le iban a permitir la apertura de una terraza en el bar".
