El administrador único de la empresa de hortofrutícolas y fertilizantes García Infantes e Hijos S.L., acusado de abocarla a su cierre e incorporar a su patrimonio personal el importe de los productos que consiguió vender, sin abonar lo que adeudaba a sus proveedores, ha negado este jueves haberse apropiado de fondos de la sociedad, que, según ha dicho, tuvo que finalizar la actividad tras la negativa de los bancos a aprobar la financiación que solicitó en el año 2008.
En la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Granada, el procesado, Jesús G.L., de 47 años, propietario de la empresa, que llevaba trabajando como sociedad limitada desde el año 1989 dedicada a la compraventa, manipulación, envasado, transformación y comercialización de productos hortofrutícolas y fertilizantes, ha explicado que la mala situación económica de ésta le llevó a no poder hacer frente a las deudas con los agricultores que le facilitaban normalmente el producto.
Estos agricultores se constituyeron en Asociación de Afectados de García Infantes e Hijos S.L., en febrero de 2009, un mes después del cierre de la empresa, y solicitan para el inculpado un total de 12 años de prisión, más las indemnizaciones correspondientes a lo que les adeuda, que asciende a 222.878,49 euros. La Fiscalía de Granada le atribuye un delito continuado de estafa y ha solicitado para él la pena de cuatro años de prisión y multa de 3.000 euros.
Según Jesús G.L., la ausencia de líneas de financiación --que había disfrutado en años anteriores a 2008-- y la falta de cobro de algunos productos propiciaron la mala situación de la empresa, que, sin embargo, según ha reconocido, pagó con pagarés a los proveedores que no tenían fondos, aunque, según ha señalado, él confiaba en remontar las cuentas y tener dinero suficiente para afrontar las deudas.
Ha negado, en contra de lo que asegura el Ministerio Público, que comenzara a vender los productos a un precio inferior al mercado y ha indicado que la política de la empresa siempre fue la de "defender los intereses del agricultor".
Por otra parte, en el juicio de este jueves han declarado algunos de los agricultores e integrantes de la asociación de afectados, que han señalado que no tenían conocimiento de que la empresa estaba atravesando por malos momentos económicos, y han admitido que siempre cobraron con anterioridad con normalidad mediante pagarés.
ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA
Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, la empresa, García Infantes e Hijos S.L., cuyo propietario era el acusado, Jesús G.L., de 47 años, tenía por objeto social la producción, compraventa, manipulación, envasado, transformación y comercialización de productos hortofrutícolas y fertilizantes.
Desde su constitución, en el año 1989, venía manteniendo relaciones comerciales con distintas empresas y entidades agrícolas a las que compraba toda o parte de sus producciones agrarias, desarrollándose las mismas con normalidad y atendiendo la empresa los correspondientes pagos.
Sin embargo, en el año 2008, actuando el procesado en su condición de administrador y "en ejecución de un plan preconcebido con la intención de enriquecerse de forma ilícita", comenzó a desarrollar una política comercial conforme a la cual vendía los productos a precio igual o inferior al de adquisición, no obteniendo así prácticamente ninguna rentabilidad o beneficio comercial, lo que colocó a la sociedad en una "difícil situación económica" que la abocó al cese de actividad en el mes de enero de 2009.
Sin embargo, y pese a ello, el administrador, "de forma premeditada y a sabiendas de que no podría hacer frente a su pago", continuó durante todo el 2008 adquiriendo grandes cantidades de productos agrícolas a sus diferentes proveedores, entregando a cambio y como forma de pago, "aún a sabiendas de que la negativa situación económica de la empresa no permitiría su satisfacción", numerosos pagarés.
Estos estaban librados contra una cuenta corriente de su titularidad por diferentes cuantías, todas ellas superiores a los 400 euros, y con diversas fechas de vencimientos, resultando impagados la práctica totalidad de los mismos, y repercutiéndose además a los afectados los gastos bancarios de devolución. El procesado vendió y comercializó los productos agrícolas adquiridos y no abonados, apoderándose e incorporando a su patrimonio personal las ganancias, al tiempo que dejaba de pagar a sus proveedores y cerraba la empresa.
La cantidad total defraudada asciende, según el fiscal, a 222.878,49 euros, que reclama la Asociación de Afectados de García Infantes e Hijos S.L., constituida en febrero de 2009, un mes después del cierre de la empresa.
