La Consejería de Fomento y Vivienda ha adjudicado una vivienda pública a una familia de Alcalá de los Gazules que ha sido desahuciada de su anterior hogar, un inmueble de titularidad privada. Se trata de un matrimonio y sus tres hijos que, por falta de recursos económicos, no han podido hacer frente al alquiler de su vivienda.
Dicha familia ha sido realojada en la misma localidad en una vivienda del parque público rehabilitada y gestionada por EPSA en el callejón de Levante, de forma provisional a la espera de que se formalice la adjudicación mediante contrato,
La adjudicación ha sido por resolución de emergencia, lo que se con-templa en el decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el reglamento regulador de los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida y se modifica el reglamento de viviendas protegida de la comunidad autónoma andaluza.
En dicho decreto se especifica que se excepcionan de la obligación de adjudicación a través del registro público municipal de demandantes de vivienda protegida aquellos casos de viviendas y alojamientos destinados a unidades familiares en riesgo de exclusión social cuando se justifique su carácter de urgencia por los servicios sociales del Ayuntamiento. Esta familia responde dicho perfil por lo que tras comprobar su situación socioeconómica de la familia, se ha aconsejado la adjudicación de la vivienda.
El delegado territorial de Fomento y Vivienda, Manuel Cárdenas, ha destacado la capacidad de la administración autonómica de resolver “un problema con la máxima diligencia”, por lo que ha rechazado que haya quien juegue con un problema tan serio como los desahucios y los dramas humanos que a diario se viven a consecuencia de los embargos”. Ha añadido que la Consejería de Fomento “ha demostrado sobradamente que está al lado de quienes se sienten culpables de una situación que no han creado y ha tomado medidas para evitar tantos abusos y situaciones injustas”.
En este sentido ha hecho alusión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, con la apertura de las oficinas de prevención, mediación y protección, así como el Decreto-ley sobre la Función Social de la Vivienda, que contempla la expropiación del uso a entidades financieras y promotoras de casas embargadas, la sanción a éstas si no las ocupan en un plazo determinado y la creación de un registro de viviendas disponibles, entre otros aspectos.
