Este miércoles prestarán declaración ante la jueza instructora del caso Acinipo, Judith Saiz, la titular del Juzgado número 1 de Ronda, el ex alcalde de Ronda, Antonio Marín Lara; quien fuera su teniente de alcalde, Francisco Cañestro; la interventora municipal y el responsable de una empresa de pintores de Ronda, por una de las piezas separadas, la sexta, de la investigación del caso Acinipo.
Se investiga el pago de los trabajos de pintado de sendos edificios de la barrigada de El Fuerte antes de las elecciones de 2011, trabajos que, según los informes de la Policía, se habrían realizado sin concurso, por indicación del ex alcalde a los responsables de la citada empresa.
El pintado se realizó, en concreto, entre 2010 y 2011, y afectó a cuatro bloques en la barriada del Fuerte. Los pagó el Ayuntamiento por poco más de 49.500 euros. Lo que a todas luces no fue sino una populista determinación política a las puertas de una elecciones, ha llevado a los investigadores de uno de los grupos de la Sección de Delincuencia Económica y Blanqueo de Capitales de la Udyco de la Costa del Sol a plantear la existencia de indicios de presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la manera de proceder del ex alcalde de la ciudad, Antonio Marín Lara.
Los documentos policiales, que RONDA SEMANAL hizó públicos en exclusiva en marzo pasado, vienen a concluir que el ex alcalde habría intentado vulnerar la Ley de Contratos del Sector Público para dirigir la contratación de dichos trabajos, pero además que éstos “se destinaron a usos ajenos a la función pública”, dado que la Policía subraya el “carácter privado” de los inmuebles a los que se destinó la mejora.
Para llegar a tales conclusiones, la Policía se basa en sendas conversaciones telefónicas mantenidas entre julio y septiembre de 2010 por el entonces alcalde y un pintor de la localidad, el propietario de Paco Vega Empresa de Pintores, por las que el ex regidor encarga el pintado de los famosos bloques de la barriada de El Fuerte. Cabe recordar que el teléfono del ex alcalde estaba entonces intervenido. La Policía entiende por tales conversaciones que Marín Lara dio instrucciones al pintor para que facturase los trabajos por separado, sin que cada una de las facturas superasen los 18.000 euros, para que la contratación de dichos servicios pudiera ser directa. De hecho, los investigadores han comprobado que en los meses siguientes a las citadas conversaciones telefónicas, hasta mayo de 2011, se presentaron en el Ayuntamiento hasta cuatro facturas, tres de ellas por 14.144 euros, y una cuarta por 7.072. La Policía defiende que se produjo un interesado fraccionamiento de un contrato público para eludir otros procedimientos de contratación que no fuesen directos.
En uno de sus informes, la Policía recuerda que la Ley de Contratos en el sector público permite contrataciones directas, sin concurso, en los llamados contratos menores, que son aquellos que no superan los 18.000 euros para la prestación de determinados servicios y los 50.000 en las obras. Los investigadores subrayan cómo el ex alcalde dio instrucciones al pintor para que tales facturas no excedieran los 18.000 euros, a la vez que recalcan que el cómputo total de las facturas tampoco supera los 50.000 euros cuando inicialmente la empresa de pintores habría presentado un presupuesto de 53.000 por tales trabajos. Tales hechos, como se ha dicho, hacen pensar a la Policía que el máximo responsable de aquel Gobierno municipal trató de eludir “intencionadamente” la Ley de Contratos del Sector Público. Entienden los investigadores que se trata de un claro fraccionamiento de un mismo servicio, y recalcan que tales prestaciones fueron prestadas por la administración pública para un uso “ajeno” a la misma, teniendo en cuenta el carácter “privado” de la actuación. El grupo 2 de blanqueo tampoco deja escapar el hecho de que tales actuaciones se llevaran a cabo por decreto del alcalde y con reparos por parte de la Intervención Municipal. Esos informes negativos de la interventora se debieron, entre otros aspectos, a la falta de crédito para acometer entonces tales actuaciones así como la propiedad privada de los edificios que fueron pintados.
Acabaron prestando declaración ante los policías de la Udyco el propio pintor, el presidente de la Asociación de Vecinos de El Fuerte y la Interventora Municipal. El empresario defendió que la reducción del presupuesto inicial estuvo motivada por una petición de rebaja en el precio de esos trabajos, y aseguró que las facturas se presentaron de manera fraccionada porque esa es siempre su manera de trabajar, ir presentando facturas en relación de los trabajos ya realizados. Ahora, deberán volver a declarar ante el juez este miércoles.
Según ha podido saber RONDA SEMANAL, esta pieza separada del caso Acinipo sería la sexta de una serie de investigaciones concretas en torno a este caso. Fuentes judiciales consultadas por esta redacción han indicado que tal extremo podría extender en el tiempo, de modo considerable, la resolución de este caso, al poderse plantear numerosas de estas piezas en torno a otros aspectos concretos de la investigación.
