Los vecinos de la Casa del Aire, junto al 15M de Granada y el Grupo de Juristas 17 de Marzo, han recurrido el archivo provisional de la querella por acoso inmobiliario presentada contra los propietarios de la vivienda que el pasado 25 de febrero acordó el Juzgado de Instrucción 5 de Granada.
El juez acordó el sobreseimiento provisional de la causa, después de tomar declaración en dos ocasiones al representante legal de la empresa, Edivara, Rafael Fernández, dentro de la fase de diligencias previas. A pesar de esta decisión judicial, los querellantes han presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Granada, puesto que consideran que existen motivos para que el caso siga adelante en los tribunales, informa el 15M en un comunicado.
Los abogados del grupo 17 de Marzo han solicitado la reapertura de la causa y han explicado que el juez justifica el archivo en la ausencia de indicios de delito por coacciones, presentando en el auto "el análisis de una serie de hecho aislados entre sí, pero que hay que enjuiciarlos de manera continuada en el tiempo y de forma global".
"Han obviado tanto la reiteración de la práctica de las coacciones como el proceso en su conjunto, atendiendo a cada uno de los hechos denunciados de manera aislada, cuestión que minimiza por completo los agravantes que presenta el caso", han asegurado los letrados. Para éstos, "todos esos hechos han ido menguando el derecho de los denunciantes Manuel Prieto y Clara Martínez a disfrutar libre y dignamente de su vivienda".
Además, desde el Grupo 17 de Marzo han indicado que no se ha llevado a cabo una investigación suficiente para esclarecer los hechos denunciados, quedando "importantes lagunas por aclarar". El recurso solicita que se practiquen las diligencias de prueba que no fueron realizadas por juez, como es el caso de la inspección ocular y un informe sobre el estado de la vivienda del barrio del Albaicín, donde continúa viviendo Manuel Prieto con un contrato de renta antigua.
Según los abogados, tampoco se han tenido en cuenta los testimonios, así como las pruebas gráficas y documentales aportadas por los vecinos de la Casa del Aire. Ambos factores, decisivos en el archivo de la causa, constituyen para los letrados "una vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías".
Por otra parte, los querellantes han indicado que la Inmobiliaria Edivara, propietaria de la Casa del Aire, ha presentando un nuevo recurso contencioso contra el Ayuntamiento de Granada, por el que se sigue oponiendo a acatar la orden del deber de mantenimiento. El expediente por incumplimiento del mismo abierto por el Consistorio a Edivara hace varios años le instaba a acometer una serie de medidas urgentes de mantenimiento del inmueble, "a las que hasta ahora se ha negado, igual que los propietarios anteriores, teniendo la Gerencia de Urbanismo que realizarlas de forma subsidiaria".
Los abogados de los vecinos han denunciado los recursos administrativos y judiciales que presenta la inmobiliaria ante cada pronunciamiento del Ayuntamiento y han asegurado que "el intento de búsqueda de ruina del edificio ha quedado demostrado con creces y la apertura de este expediente municipal obligaría a su venta forzosa a través de subasta pública o, en su caso, a la expropiación del mismo".
El 15M y los solidarios con la Casa del Aire han mostrado su deseo de que "se haga justicia" y han pedido a las instancias judiciales encargadas de la querella que "sean conscientes del trasfondo social del caso a la hora de sentar en el banquillo a los responsables del acoso sufrido por los vecinos del barrio del Albaicín".
Además, han querido recordar que "este no es más que un ejemplo de los muchos casos que se siguen dando por toda la geografía del Estado". En este sentido, han expresado su deseo de que "la justicia siga su rumbo y reabra el caso", para que se convierta en "un referente para las personas que padecen situaciones similares y se animen a oponerse a la lacra social que supone la especulación inmobiliaria".
La querella presentada el pasado 28 de junio fue la primera por acoso inmobiliario en Andalucía, al recoger un delito de coacciones 'a través de actos hostiles o humillantes que tienen por objeto impedir el disfrute de la vivienda', incluido en 2010 en el Código Penal.
No obstante, el juez no admitió esta modalidad y se centró en las presuntas coacciones, fundamentándose en que el posible delito por 'mobbing' inmobiliario habría sucedido antes de su la creación del tipo penal.
El texto de la denuncia recoge "la búsqueda de la declaración de ruina del edificio del barrio del Albaicín, no acometiendo los arreglos necesarios o dejando ventanas abiertas de viviendas tapiadas para que se deteriorase el interior".
La acusación de coacciones se sustenta asimismo en "las dificultades que la inmobiliaria ha puesto para el cobro de los alquileres, para así alegar impago", y en "la negativa a reconocer el contrato indefinido de renta antigua de Manuel Prieto, a pesar de que la justicia ya le diera la razón en este punto". Tanto él como Clara Martínez, que figuran como denunciantes, han sufrido además varios cortes de luz y agua. La querella recoge incluso la presencia de un guarda jurado en la vivienda que impedía el paso a familiares y amigos.
