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La Audiencia Nacional reconoce el derecho de funcionarios a compartir la lactancia

El juez, en su sentencia, rechaza el "criterio restrictivo" de la Administración y asume las razones del recurrente, al interpretar que el derecho al permiso de lactancia "no es exclusivo de la madre"

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El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 11 ha estimado un recurso que presentó un funcionario de Policía al que no se le permitió compartir con su esposa, también funcionaria, el periodo de lactancia de sus hijos mellizos.

   El juez, en su sentencia, rechaza el "criterio restrictivo" de la Administración y asume las razones del recurrente, al interpretar que el derecho al permiso de lactancia "no es exclusivo de la madre, de manera que sea ésta la única titular y que, como tal, puede cederlo, sino que el derecho corresponde como titulares indistintos a ambos progenitores".

   Además, basándose en sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juez recuerda que tanto la Ley de Igualdad como el Estatuto del Empleado Público tienen como fin facilitar claramente la conciliación de la vida familiar.


   A su juicio, no hay ningún impedimento para que, "comenzado a ser ejercido por uno de los progenitores no pueda serlo por el otro hasta el cumplimiento del plazo máximo del permiso que no es cedido, sino que es ostentado en concepto de titular", siempre que se lleve a cabo de forma sucesiva y no simultánea. Por este motivo, se han impuesto las costas procesales a la Administración.

   Según ha informado la Audiencia Nacional, la madre, juez en ejercicio, solicitó a la Administración un permiso de lactancia de 5 semanas y renunció a las tres semanas restantes a favor de su marido, funcionario de Policía. Sin embargo, la Administración denegó el permiso al padre.

   En aplicación del art. 48.1. f del Estatuto del Empleado Público interpretó, conforme al criterio habitual de la Administración, que ese permiso no se puede compartir cuando ambos progenitores trabajen porque lo tiene que disfrutar uno u otro.

   El padre recurrió invocando la Ley Orgánica 3/2007 ("Ley de Igualdad") y reclamando una interpretación de las normas de acuerdo con la realidad social y el tiempo en el que han de ser aplicadas.

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