El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Jaén, Miguel Ángel García Anguita, junto con la concejal de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, ha denunciado una vez más “el impago de la Junta de Andalucía del servicio de la Ley de Dependencia”.
La concejal de Asuntos Sociales demostró documentalmente que la Junta de Andalucía le debe al Ayuntamiento de Jaén en concepto de dependencia “un total de 1.074.840 euros correspondientes al segundo semestre de 2012 y a los primeros meses de 2013”. En concreto, Reyes Chamorro matizó que el Ayuntamiento “recibió un documento en enero de 2013 en el que la Junta de Andalucía reconoce tener que abonar 1.972.930 euros correspondientes a este segundo semestre de 2012 y el pasado mes de marzo tan sólo hizo dos abonos correspondientes a este millón”.
Reyes Chamorro ha acusado a la Junta de Andalucía de “mentir cuando afirma que está realizando adelantos de pago de la ayuda de esta Ley de Dependencia cuando lo último que han pagado son esos dos abonos de 290.227 euros correspondientes al segundo semestre de 2012”.
“Pagar en 2013 lo que nos tenían que haber pagado en 2012, no es adelantar el dinero, pues a pesar de lo que han pagado en materia de dependencia, la Junta de Andalucía aún debe al Ayuntamiento de ese segundo semestre de 2012 un total de 579.248 euros, y eso no lo digo yo, lo ratifica un documento de la propia administración andaluza donde viene reconocida esa deuda” aseguró.
Reyes Chamorro añadió que, asimismo, en 2013 “hay otra resolución por escrito en la que la Junta de Andalucía dice que tiene que abonar 495.592,49 euros que corresponden a los meses de enero y febrero de este año en materia de dependencia y que no han pagado”.
La concejal de Asuntos Sociales aclaró que “puedo entender la situación de asfixia económica de la Junta de Andalucía y que no puedan pagar, pero lo que no entiendo es que mientan”.
En cuanto a la justificación del servicio por parte del Ayuntamiento, Chamorro hizo público “un documento de los servicios técnicos del patronato de Asuntos Sociales en el que afirman que el pasado 6 de marzo de 2013 se justificó todo lo pendiente en cuanto a este servicio de dependencia”.
La Tte. Alcalde y concejal de esta área agregó que el convenio firmado por ambas administraciones “contempla que el Ayuntamiento tiene tres meses para justificar todas las horas de dependencias correspondientes al semestre de cada año, por lo que hemos realizado esas justificaciones en tiempo y forma”.
Así, explicó que el convenio “recoge que los pagos se realizarán en un solo abono en el primer mes de cada periodo de forma fraccionada en tres pagos”.
Reyes Chamorro reiteró entonces que, “si nos atenemos al convenio, la Junta no ha pagado ni en enero, ni en febrero, han pagado en marzo y además dos mensualidades que corresponden al segundo semestre del año 2012”.
La concejal de Asuntos Sociales se mostró tajante al afirmar que el Ayuntamiento “no financia la Ley de Dependencia puesto que es un servicio que corresponde exclusivamente a la Junta de Andalucía y, por tanto, no podemos financiar este servicio”.
Chamorro criticó además a la administración autonómica “por haber recortado la subvención en materia de personal que gestiona esta Ley de Dependencia en un 48 por ciento, es decir, que de los 276.390 euros que se concedieron en 2012, en este año 2013 la Junta de Andalucía ha rebajado esta cantidad hasta los 142.602 euros”. “Nosotros ya financiamos el personal que trabaja en Asuntos Sociales para que gestione la ley de dependencia a pesar de que la Junta castiga a este Ayuntamiento”.
“Al final la única responsable que pone en riesgo el servicio de dependencia es la Junta porque no pagan cuando tienen que hacerlo y quien pone en riesgo este servicio esencial es PSOE-IU” aseveró.
La Tte. Alcalde y concejal de Asuntos sociales instó a la Junta de Andalucía “a que cumpla el convenio y cumpla también con los reconocimientos de deuda que envían por escrito, que paguen las resoluciones porque, si no es así, nosotros vamos a reservarnos el derecho a llevar a cabo todas las acciones legales que estén en nuestras manos y quizás tendremos que pedirle a la Junta de Andalucía daños y prejuicios por inclumplir el convenio que ellos mismos han firmado”.
