El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha admitido a trámite, con fecha del pasado febrero, la queja que presentó el sindicato CTA en mayo de 2012, tras el despido de 15 trabajadores de Laboratorios Pérez Giménez en febrero de 2012, por el supuesto incumplimiento, por parte de dicha farmacéutica radicada en Almodóvar del Río (Córdoba), de la condición de mantenimiento del empleo ligada a la subvención concedida en su día por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
En la comunicación que ha hecho Chamizo a CTA, a la que ha accedido Europa Press, el Defensor del Pueblo Andaluz informa a dicho sindicato, mayoritario en Pérez Giménez, que, "una vez analizadas las cuestiones planteadas" por CTA y "examinada la normativa que le resultaría de aplicación", se ha admitido su queja y, en consecuencia, "se ha procedido a trasladar su escrito de denuncia a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, solicitando de la misma la evacuación de informe, a fin de poder conocer las actuaciones que vayan a realizarse en relación con la cuestión planteada en su queja".
Junto a ello, Chamizo indica en su comunicación al sindicato denunciante que, "tan pronto" reciba la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz "la información" que ha solicitado a la Agencia IDEA, procederá a "analizarla" y volverá Chamizo a ponerse en contacto con CTA.
Ante esto, CTA ha señalado en un comunicado que "el Defensor del Pueblo Andaluz se ha pensado muchísimo admitir a trámite" la denuncia y, en opinión del sindicato, "la ha admitido ahora porque sabe que puede aflorar toda la situación de lo ocurrido en estos laboratorios y teme manchar el nombre de la institución que representa".
La queja presentada por CTA, según ha recordado el sindicato, se apoya en el hecho de que se concedió "una subvención a la empresa por la Junta de Andalucía superior a dos millones de euros que estaba vinculada al mantenimiento de los puestos de trabajo". Sin embargo, "el día 16 de febrero" de 2012, el administrador único de los laboratorios, Sergio Martínez, "despidió a 15 trabajadores, reconociendo posteriormente en el Juzgado de lo Social la improcedencia del despido, y con ello incumplió las condiciones de la subvención que la Junta de Andalucía había concedido" a Pérez Giménez.
Por otro lado, CTA ha anunciado que está "barajando la posibilidad de convocar huelga indefinida a partir del día 15 de abril" en los laboratorios, "porque el panorama que se avecina para los trabajadores", con el desarrollo del concurso de acreedores en el que está inmersa la empresa, "es que van a estar entre tres y seis meses trabajando sin cobrar, a los que hay que añadir las once nóminas que se les adeudan, para después ser despedidos".
Por ello, CTA le ha pedido al Juzgado de lo Mercantil número uno de Córdoba, que tramita el concurso de acreedores, "que venda la fábrica con actividad al que más ofrezca por ella y que dé garantía de que mantendrá los puestos de trabajo".
