La vicesecretaria general del PP de Córdoba, Beatriz Jurado, ha pedido este jueves al PSOE que "deje de confundir" a los ciudadanos y pague las políticas sociales a los ayuntamientos de la provincia de Córdoba, haciendo referencia a las declaraciones del PSOE que relacionan la Reforma de la Administración Local con "la pérdida de políticas sociales a los ayuntamientos".
En una rueda de prensa, la senadora popular ha recordado que el PP lleva trabajando en una comisión de seguimiento de esta reforma desde el mes de febrero para aportar nuevos puntos de vista y mejorar su articulado. A su juicio, "ha sido un lugar de encuentro y debate sobre esta reforma, de la que presentamos unas conclusiones, y en la que desde entonces seguimos trabajando para dar a conocer sus objetivos básicos".
Entre ello, destaca que se clarifican competencias en la administración local y evitan duplicidades; el ahorro del gasto público, y "para ello la administración es la primera que debe dar ejemplo a los ciudadanos"; dar sentido a la sobredimensión de la administración, y mejorar los servicios públicos destinados a todos los ciudadanos, "con eficacia y eficiencia".
Al respecto, ha detallado que solo en la provincia de Córdoba hay 107 organismos públicos, 75 ayuntamientos, seis entidades locales autónomas (ELA), siete mancomunidades, siete Grupos de Desarrollo Rural (GDR), siete consorcios Utdelt, con competencias en cada uno de ellos, a lo que se une que "entre 2005 y 2011 ha crecido el sector público un 25%, y en concreto el caso de las fundaciones llama la atención con un 78% de incremento en este periodo", dice Jurado, y añade que "lo más preocupante es la deuda de 55.520 millones de euros que arrastran estos organismos".
Ante esta situación, asegura que no entiende la postura del bipartito andaluz de PSOE e IU que se opone a la reforma de la administración local, "sin argumentos y solo por buscar la confrontación política, para seguir cargando a los ayuntamientos con competencias de la Junta de Andalucía".
Para ello, "es muy lamentable que desde el PSOE se use vilmente esta reforma para crear, una vez más, alarma social entre los ciudadanos", de modo que "su único objetivo es conseguir rentabilidad política al mismo tiempo que meten miedo a los ciudadanos, que es lo que mejor saben hacer desde el PSOE", apostilla Jurado, quien lamenta que "en vez de gestionar y gobernar, critican y asustan a la gente utilizando para ello las políticas sociales que son las más sensibles para la sociedad".
En concreto, Beatriz Jurado se ha referido a las declaraciones de la portavoz de Bienestar Social del Parlamento y responsable Electoral del PSOE-A, Soledad Pérez, quien "una vez más ha dado muestras de su falta de conocimiento de la administración al criticar la reforma de la administración local y relacionarla con las políticas sociales".
En primer lugar, recuerda que "ha dicho que la reforma de la administración local hurta a los ayuntamientos las políticas sociales", por lo que "está claro que no conoce el ordenamiento jurídico de la administración, ya que tanto en el artículo 148 de la Constitución Española como el artículo 61 del Estatuto de Autonomía Andaluz, se establece que las competencias sobre las políticas sociales corresponde a la Junta de Andalucía".
Además, "no se quita lo que no es de uno, lo único que hacen los ayuntamientos es asumir competencias de la Junta ante la ineficacia de ésta", dice Jurado, quien señala que "los ayuntamientos son solo un instrumento de la Junta de Andalucía para gestionar esas políticas sociales, y lo hacen a pesar de que la Junta no les paga, los asfixia y los carga con competencias que no le corresponde".
Ejemplo de esto último es que la Diputación de Córdoba, que presta estos servicios en municipios menores de 20.000 habitantes, ha adelantado cuatro millones de euros del servicio de ayuda a domicilio que corresponde a la Junta y no lo paga. O también, la firma del convenio de dependencia correspondiente al primer semestre del año, que "la Junta todavía no ha llevado a cabo".
"LA MALA GESTIÓN Y LA INEFICACIA"
Entretanto, la popular subraya que "la estructura orgánica de la Consejería de Bienestar Social cuenta con una consejera, una viceconsejería, una secretaría general de Calidad e Innovación, una secretaría general de Salud Pública, Inclusión Social y Calidad de Vida, una secretaría general de Planificación y Evaluación Económica, las ocho delegaciones territoriales de cada provincia, con muchos cargos a su servicio, además de 13 organismos adscritos, entre empresas públicas, agencias, fundaciones, escuelas". Y con toda esta estructura, apostilla, "son los ayuntamientos los que están tapando las vergüenzas de la mala gestión y la ineficacia de la Junta en políticas sociales".
Asimismo, comenta que Soledad Pérez se preguntaba "qué pasará con 27.886 trabajadores del ámbito de los servicios sociales en Andalucía". Y esa pregunta, a juicio de Jurado, "debería hacérsela a su consejera, ya que todos ellos son trabajadores de la Junta de Andalucía, que cobran con fondos de la Junta y que dependen de los vaivenes de la mala gestión del gobierno andaluz", al tiempo que se cuestiona "si con estos trabajadores va a pasar lo mismo que con los promotores y orientadores de empleo y los ALPE, ¿también los van a desmantelar?".
Desde el PP de Córdoba piden a Soledad Pérez y al PSOE que "si de verdad les preocupan las políticas sociales, paguen los más de 24 millones de euros que la Junta debe a los ayuntamientos cordobeses y a la Diputación en políticas sociales, que hagan las valoraciones de los nuevos dependientes que tienen paralizadas desde hace meses, que cumplan con los ayuntamientos pagando su deuda y firmando los convenios para 2013".
