El subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, ha presentado este viernes el balance de actuaciones del plan de lucha con el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social de 2012 por el que se han desarrollado 9.846 inspecciones por las que se han detectado a 1.404 trabajadores en situación irregular, especialmente en los sectores de la construcción, agricultura y servicios.
Junto al jefe de la Dependencia Provincial de Trabajo e Inmigración, Juan Ramón Fernández, y la jefa de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Sonia Navas, el subdelegado ha especificado que la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha dirigido a la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, materias en las que se han realizado 3.803 inspecciones.
El objetivo del plan, según apunta Subdelegación en una nota, es impulsar el afloramiento de la economía sumergida, corregir la obtención y el disfrute en fraude de Ley de las prestaciones por desempleo y otras prestaciones de Seguridad Social, detectar posibles situaciones fraudulentas en casos de falta de alta en la Seguridad Social y combatir la obtención indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y de otros incentivos a las políticas de empleo.
El porcentaje de inspecciones en materia de empleo sumergido en los que se han detectado irregularidades ha sido del 26,3 por ciento, cifra que coincide con la media en Andalucía. Por otro lado, Almería es la provincia andaluza con mayor número de inspecciones y con mejores resultados en la lucha contra las empresas ficticias. Así durante el pasado año se han llevado a cabo el 45 por ciento de las inspecciones realizadas en toda la comunidad autónoma y se han conseguido el 77 por ciento de las altas ficticias de toda Andalucía.
El importe de las prestaciones de Seguridad Social revocadas como consecuencia de las altas ficticias anuladas ha ascendido a 1.562.437 euros. Todas estas actuaciones se enmarcan dentro del plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2012, que trata de mejorar la eficacia de la Inspección y garantizar el cumplimiento de la ley.
Para ello, se ha modificado la organización de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para hacerla más operativa, potenciando su colaboración institucional con otros organismos y entidades del Estado y de la Seguridad Social: el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Tesorería General, el Servicio Público de Empleo Estatal, la Oficina de Extranjería, y el Fondo de Garantía Salarial.
Por otra parte, para lograr una mayor eficacia del Plan se ha hecho una importante reforma legislativa en este campo, mediante la Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social y la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre por la que se modifica el Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social.
