El delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha recibido en la sede la Junta de Andalucía a los representantes de la ciudadanía de San Fernando para explicarles la postura de la Junta de Andalucía sobre el uso y futuro del Hospital de San Carlos y para trasladarles la necesidad de establecer una reivindicación conjunta de todos los agentes sociales y vecinos de San Fernando para evitar que el Ministerio de Defensa decrete el cierre del centro hospitalario militar de uso compartido.
A la cita acudieron los representantes de diferentes colectivos de la ciudad como la Plataforma en defensa del Hospital de San Carlos, de la Federa-ción de Vecinos, de la FLAMPA, de CCOO, de la FIPE (Federación Isleña de Peñas y Entidades), de ACOSAFE (Asociación de Comerciantes de San Fernan-do) y de UPACE (Unión de Parálisis Cerebral). En el encuentro, el delegado de la Junta de Andalucía en Cádiz explicó que la ampliación del convenio del Hospital de San Carlos que la Consejería de Salud ha puesto encima de la mesa con la aportación de 11 millones de euros, hay que valorarlo como una “oportunidad histórica” para mantener y ampliar el uso compartido de este hospital en tanto no lleguen mejores momentos económicos.
Con su negativa a aceptar este aumento, el Ministerio de Defensa im-posibilita que, a partir de 2014, la ciudad de San Fernando contara con nuevos servicios en estas instalaciones, como atención a cuidados críticos y urgen-cias, una unidad de hospitalización polivalente para cortas estancias; la atención a pacientes pluripatológicos en gases de agudización de sus patolo-gías; una unidad para atención a pacientes paliativos, oncológicos y no oncológicos; y una unidad de lesionados medulares.
El delegado del Gobierno ha explicado a los vecinos de San Fernando que con el rechazo al ofrecimiento de la administración andaluza, el Ministerio ha remitido una contrapropuesta inasumible, al pretender imputar a las arcas de Andalucía, no sólo una actividad con un precio de más de 27 millones de euros (sobre la propuesta base sin saber a qué obedecen estos cálculos), sino el mantenimiento y obras de mejora de las instalaciones, un extremo que, según el propio convenio que se pretende ampliar corresponde a la entidad propietaria del inmueble y que es el Ministerio de Defensa.
El delegado del Gobierno recuerda que la Junta está dispuesta a matizar la propuesta de servicios pero no va a poder subir su aportación económica y cree que es el Gobierno central “quien tiene que explicar su postura y revisar las cifras si realmente quieren apostar por este centro junto con la Junta de Andalucía sobre todo en una época en la que, más que nunca, los esfuerzos deben ser compartidos por todas las administraciones”.
