El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado el acuerdo del pasado 28 de diciembre del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por el que se destina al Ayuntamiento de Estepona un total de 70.862 euros al objeto de financiar la contratación de personal para la atención a personas en situación de dependencia. Según el PSOE, todo ello "pese a que el Gobierno de Mariano Rajoy ha recortado a Andalucía 89 millones de euros en este concepto en 2012 y otros 125 para este 2013".
Para el portavoz del grupo municipal socialista, David Valadez, este compromiso de los socialistas “no tiene absolutamente nada que ver con la actitud que mantiene el PP con los servicios sociales allá donde gobierna, ya sea en el conjunto de España o en Estepona”.
Apuntó, además, que los ayuntamientos constituyen la puerta de entrada a la aplicación de una Ley universal “puesta en marcha por un gobierno socialista sin el respaldo del PP”, atribuyendo a los Servicios Sociales Comunitarios del municipio de residencia de las personas solicitantes el inicio de la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y, en su caso, del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Valadez, del mismo modo, recuerda que como consecuencia de la medida adoptada por el Gobierno de España, del PP, la atención a personas reconocidas en Grado I de dependencia queda demorada a julio de 2015, por lo que las tareas relativas al reconocimiento de las prestaciones quedan igualmente reducidas, concretándose actualmente en la atención a los Grados III y II de dependencia.
"El PP de García Urbano no cree en la política social sino en la caridad. Así, desde que en su primer Consejo de Ministros aprobara retrasar dos años la incorporación al sistema de los dependientes moderados, todas y cada una de las decisiones que ha tomado el Gobierno del PP con respecto a la Ley de Dependencia nada más que han hecho poner en riesgo su continuidad", ha explicado Valadez.
De igual modo, ha defendido que la Junta de Andalucía ha destinado 10,3 millones de euros entre las ocho diputaciones provinciales y los 81 municipios andaluces de más de 20.000 habitantes para financiar, durante 2013, el mantenimiento de los contratos de 298 trabajadores sociales que forman parte del personal de refuerzo para la atención a la dependencia en la comunidad autónoma.
En este punto, ha señalado que "esta aportación aprobada se realiza pese a los recortes llevados a cabo por la Administración central, unos recortes especialmente duros en Andalucía".
