El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido las medidas adoptadas tanto por Instituciones penitenciarias como por el juez central de Vigilancia Penitenciaria respecto del preso de ETA Josu Uribetxebarria Bolinaga porque pese al "dolor" que pueda suponer la excarcelación del terrorista se trata de cumplir la ley y "esa es la grandeza del Estado de Derecho".
Ruiz-Gallardón ha hecho estas afirmaciones durante una entrevista concedida este lunes a ABC punto radio tras ser preguntado si compartía el criterio del Ministerio del Interior para conceder el tercer grado penitenciario a este preso de ETA.
"Las decisiones que se adoptan en el Gobierno son colegiadas y corresponden a todos y cada uno de los miembros asumirlas, y eso es lo que nosotros hacemos", ha señalado el ministro, para insistir después en que "hay decisiones que por mucho que nos repugnen y nos duelan no son discrecionales del Gobierno".
POSIBLE RECURSO
Preguntado si ha dado órdenes a la Fiscalía General de Estado para recurrir la libertad condicional de Bolinaga, Ruiz-Gallardón ha contestado que el Ministerio Fiscal "actúa con autonomía".
Ha explicado que el Gobierno puede "excitar" la actuación del Ministerio Fiscal, si bien en este caso no ha sido necesario realizar instrucción alguna, aunque "está en condiciones de trasladarla y luego la Fiscalía acatarlo o no".
"Hay otros supuestos en los que la Ley tiene que ser aplicada nos guste o no nos guste para demostrar no somos como quienes que violan la ley o aquellos que hoy se benefician de los derechos fundamentales garantizados de la Constitución cuando ellos los han vulnerado", ha afirmado el ministro.
Ha añadido que "esa, con el dolor que nos causa, es la grandeza del Estado de Derecho, porque una democracia no trata a los criminales como los criminales tratan a la democracia".
El ministro ha eludido entrar en un debate jurídico sobre si era no obligatoria la concesión de estas medidas al preso Bolinaga, si bien ha asegurado que puede asegurar que si Instituciones Penitenciarias tomó la decisión que tomó "es porque lo hace desde el conocimiento de que ese es el mandato que la ley establece". Posteriormente, puntualizó, la puesta en libertad ha sido decidida por el Poder Judicial.
"NO HA HABIDO PRESIÓN EXTERNA"
En este punto ha subrayado que "no ha habido, ni habrá por parte del Gobierno" una cesión a ninguna presión externa ni ninguna voluntad "de hacer con los terroristas de ETA cosa distinta" de lo que es obligado. "Estamos a los que establecen los Códigos, pero hay que dejar muy claro que la lucha contra el terrorismo es prioridad de este gobierno".
Sobre la posibilidad de que el "caso Bolinaga" pueda alejar al PP de su militancia, el ministro de Justicia ha insistido que cree que la opinión pública entiende perfectamente que no hacer lo que hacen los terroristas "es lo que nos da estatura moral", y la ley tiene que imponerse.
TRIBUNALES PROFESIONALES PARA PIRÓMANOS
El ministro ha anunciado que su departamento prepara una reforma del Código Penal que incluye, entre otros puntos, una revisión de la persecución de pirómanos y autores de incendios. "Hace falta una reforma no sólo de endurecimiento de penas sino también procesal, para que no sean los jurados sino tribunales profesionales" los que juzguen estos hechos "desde la distancia y la objetividad".
También se incluirá la prisión permanente revisable que acredite que han desaparecido los elementos de riesgo para que la persona pueda volver a delinquir y que cuando se presente a las Cortes se sabrá a que delitos concretos afecta, que en todo caso incluirá los de terrorismo.
Cuestionado sobre si esta reforma afectará a personas como el presunto asesino de los niños cordobeses Ruth y José, José Bretón, Ruiz-Gallardón ha señalado que el principio de irretroactividad lo impediría. Ninguna conducta anterior a la reforma podrá ser juzgada con la nueva norma, pero una vez superados los errores, si los tribunales establecen la autoría de Bretón, la pena sería de unos 40 años de prisión, según el ministro
ACUERDO PODER JUDICIAL
Para el Ministro, existen materias como la configuración de la Justicia que deben tener carácter permanente "de cara a la fortaleza del país", y que por ello está tratando de buscar el consenso para su reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cree que en este asunto el acuerdo con el PSOE puede ser posible, frente a otros temas en los que el partido de la oposición está muy distante como la Ley del Aborto o el Código Penal.
Ha reconocido que el no pueden estarse cambiando la normas del Poder Judicial según cambian los gobiernos y que durante este mes de septiembre se "materializará" el diálogo que han iniciado al respecto con el PSOE respecto de este asunto. Por ello, no descarta ninguna decisión que sea finalmente alcanzada dentro de ese acuerdo respecto al sistema de elección de los vocales.
Por otro lado, Ruiz-Gallardón ha defendido el acuerdo parlamentario para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y ha rechazado que la dedicación a la vida pública pueda convertirse en un "descrédito" para ejercer esta función, en alusión a las críticas que ha recibido Andrés Ollero.
"NO PODEMOS SEGUIR DESACREDITANDO LA POLÍTICA".
"No podemos seguir desacreditando la política", ha dicho Ruiz-Gallardón, para insistir en que para garantizar la independencia es más importante que los magistrados no sean "perturbados" durante su mandato que los criterios previos de elección.
Además, Ruiz-Gallardón ha reconocido que la Ley Electoral "es susceptible de muchas mejoras" y él es partidario de abrir una reflexión sobre esta norma, si bien ha señalado que "hay leyes que aunque un partido con mayoría absoluta no debe tocar sin acuerdo", porque el ciudadano lo vería "como sospecha de interés partidista".
