El líder de la oposición de Gibraltar, Peter Caruana, declaró ayer en una entrevista con la GBC su posición respecto al conflicto pesquero suscitado en la Bahía, manifestándose contrario a la política seguida por el Gobierno de Picardo.
Caruana puntualizó que la oposición, hasta el momento, se había abstenido de comentar sobre el asunto, aunque haciendo notar que él fue “perjudicado” por algunas de las cosas que el Gobierno ha estado diciendo.
En concreto, el líder de la oposición manifestó que la premisa subyacente de los argumentos utilizados por el Gobierno “para tratar de justificar la necesidad de que se altere el Acuerdo de Pesca de 1999”, en base a que se había trabajado en el mantenimiento de la paz en el mar, “es falso”.
Acuerdo justo
En este sentido, Caruana aseguró que el acuerdo no permite violaciones de las leyes de Gibraltar por los pescadores o el uso de cualquier método de pesca. Del mismo modo, defendió que las redes utilizadas por los pescadores españoles no contravenían la ordenanza de protección de la naturaleza, y que el acuerdo no los eximía del cumplimiento de tales leyes.
Así mismo, aseguró que a la Royal Gibraltar Police se le había confiado la ejecución de las leyes y que dependía de ellos el método que eligieran para hacerlas cumplir, “sobre una base estrictamente de tolerancia cero o algo más que eso”.
En cualquier caso, añadió que la aplicación de la ley por parte de la Policía en una sociedad civilizada debe ser de una manera flexible y puso el ejemplo del exceso de velocidad, que “no siempre termina con un conductor frente a la acción de la Policía”.
Caruana puso en duda la necesidad de alterar un acuerdo que había traído la estabilidad a las relaciones con España, al tiempo que mejora la soberanía de Gibraltar y el control de las aguas circundantes.
Por todo ello, Caruana pidió ayer al ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, que abandone la actual línea de actuación en el conflicto y que restaure el acuerdo de pesca de 1999.
Campo de Gibraltar
Caruana pide a Picardo que vuelva al acuerdo de 1999
Considera que la Policía debe aplicar la ley de una manera flexible
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