En este sentido, el delegado de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Chiclana, Nicolás Aragón, ha puesto de relieve su malestar por lo sucedido, afirmando que “hemos tratado de evitar tener que llegar a esta situación, pero no teníamos otra salida. Los actos tipificados como delitos conllevan su correspondiente castigo”.
Chiclana Natural viene trabajando desde hace varios años en la persecución de este tipo de fraude. El proceso se inicia cuando los inspectores de la empresa municipal detectan la existencia de un consumo ilegal en una vivienda. Tras la obtención de las pruebas que evidencian el suministro de agua de la red sin control de la empresa municipal se procede a la presentación de la correspondiente denuncia. Chiclana Natural calcula entonces la liquidación del importe del fraude conforme establece el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua de la Junta de Andalucía.
En aquellos casos en los que se llega a un acuerdo de pago con los propietarios y este se hace efectivo finaliza el proceso. Así, mediante la vía del acuerdo, fue factible el cobro de 18.087,39 euros correspondientes a cuatro expedientes de 2011; 8.388,69 euros ingresados por tres expedientes de 2010; 26.343,36 euros relativos a 6 expedientes de 2009; 16.066,61 euros por cuatro expedientes de 2008 y, por último, 24.555 que corresponden al cobro por los cinco acuerdos alcanzados durante 2007. Esta vía del acuerdo ha permitido en estos cinco años recuperar 93.441,35 euros.
De no existir disposición por parte del defraudador son los tribunales de Justicia a los que corresponde dictar una resolución. Por lo que respecta a los importes que al día de hoy penden de resolución judicial, la empresa municipal pretende recuperar 5.777,64 euros correspondientes a un expediente de 2011; por otros dos tramitados durante 2009 se reclaman 7.5651,28 euros; mientras que las dos últimas demandas corresponden a 2007 y elevan su importe a 5.859,48 euros. En espera por tanto de las resoluciones favorables, Chiclana Natural, aspira a recuperar 19.288,40 euros.
La tramitación de los expedientes por la vía penal conlleva que el condenado con sentencias firmes en las que se da por probado el fraude incurra en un delito penal, la asunción de la multa correspondiente y el pago de las costas del procedimiento judicial.
Nicolás Aragón ha finalizado diciendo que considera “inexcusable insistir en la persecución del fraude, ya que quienes se aprovechan de esta práctica obtienen un beneficio fraudulento de unas instalaciones y un bien común y esencial para la población como es el agua. La actual coyuntura económica obliga a la empresa a redoblar esfuerzos por evitar este tipo de conductas ilícitas, persiguiendo las prácticas delictivas en el consumo”.
