—El CGPJ suspende de forma cautelar a los jueces cuando se les abre juicio oral. ¿Debería existir una medida similar para los políticos con la que de forma automática se les suspendiera de sus funciones al ser procesados y evitar situaciones como la de Camps?
—Es una cuestión interna del propio partido y del mensaje que quieren trasladar a la ciudadanía, incorporar o no a las listas electorales a personas con procedimientos judiciales abiertos. Desde el punto de vista judicial están protegidos por la presunción de inocencia. Mientras no haya una sentencia condenatoria gozan de los mismos derechos que otras personas. Otra cuestión es que ese partido político exija un patrón de moralidad para determinados asuntos.
—El juez Baltasar Garzón también está pendiente de ser juzgado. Ver a un magistrado como Garzón sentado en el banquillo, ¿puede empeorar la imagen de la Justicia?
—La imagen de Baltasar Garzón en un juicio es la imagen de cualquier ciudadano que no está sustraído al control de la ley. El mensaje que se da es que nadie está sustraído del control en el ejercicio de sus funciones. No creo que contribuya a la buena o mala imagen de la Justicia. Eso depende de muchos factores, sobre todo de clichés y estereotipos que en muchas ocasiones se han trasladado desde los medios de comunicación a los ciudadanos.
—Desde el punto de vista de todas las reformas judiciales.¿Ve conveniente el adelanto electoral anunciado por Zapatero?
—No me corresponde a mí decidir si se tienen que adelantar o no las elecciones. La reforma de la Justicia necesita un Pacto de Estado con un consenso sobre la necesidad de situar a la Justicia como una gran prioridad en la agenda política de cualquier Gobierno. No es una cuestión de tiempo, es cuestión de voluntades políticas.
—La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) dará al fiscal, y no al juez, la dirección de la investigación. ¿Cree que existe ese peligro de que en la instrucción de ciertos procesos prime el interés del Gobierno?
—Me va a permitir que no profundice en el contenido del anteproyecto porque el Consejo como órgano consultivo tiene que emitir un informe. Lo que sí lamento es que se intente situar en la sociedad ese déficit de desconfianza con el Ministerio Fiscal. Ese discurso en este momento carece de todo tipo de justificación, otra cosa es que cuando llegue el momento nosotros en el ámbito de nuestras funciones valoremos si este nuevo modelo se acomoda o no a los parámetros constitucionales. De entrada, cuestionar esa legitimidad del Ministerio Fiscal, cuestionar su imparcialidad o convertirlo en correa de transmisión de intereses políticos es un ejercicio de irresponsabilidad con respecto a las instituciones.
—Similar crítica han merecido también los límites a la acusación popular...
—Es necesario delimitar las funciones de la acusación popular. A veces es reprobable cuando se utiliza para el ejercicio de determinados intereses espúreos, que no persiguen fundamentalmente que la Justicia resuelva ciertos conflictos. En ese sentido, exige una nueva valoración y una reflexión.
—Durante su mandato el Consejo ha abordado reformas como el nuevo Reglamento de Carrera, que ha permitido que por primera vez se haya concedido la reducción de la jornada laboral a una magistrada ¿Tenían hasta ahora los jueces menos derechos sociales?
—Ha constituido un gran avance en el reconocimiento de derechos que para los jueces no estaban previstos. En materia de conciliación los avances han sido muy novedosos. La carrera judicial cada año se está feminizando más (las mujeres jueces de entre 20 y 40 años duplican ya a los hombres) y las cargas familiares no pueden ser nunca un obstáculo para la promoción. Si mejoramos las condiciones de trabajo de los jueces mejoraremos también el servicio público.
—¿Cómo son las relaciones del Consejo con el Ministerio y las Comunidades Autónomas? Desde el Poder Judicial se les ha reprochado que no hayan creado las plazas previstas (unas 150).
—Hemos pedido reformas legislativas y al mismo tiempo los problemas del día a día tienen que ser atendidos. Hemos considerado conveniente recordar a la Administración central y a la autonómica que el número de jueces sigue siendo insuficiente. Es evidente que se tienen que seguir creando plazas porque el incremento de la litigiosidad ha disparado el número de asuntos que tienen que ser resueltos por los jueces.
—La crisis está provocando que muchas autonomías rechacen las competencias en Justicia por el gasto que supone.
—Es cierto que con el déficit económico que presentan algunas comunidades autónomas, algunas se están replanteando si tienen que seguir asumiendo las competencias de Justicia. Siempre he insistido en que esa diversidad de situaciones territoriales (...) ha producido muchas disfunciones. De las 17 comunidades, once tienen las competencias transferidas y cada una de ellas tiene un sistema de gestión procesal distinto e incompatible con el de otra comunidad y con los del Ministerio. Hubiera sido deseable que se hubiera creado algún supraorganismo que hubiera homogeneizado el sistema informático y la redistribución de los instrumentos materiales y personales para evitar estas situaciones con las que nos hemos ido encontrando.
