Rouco cree que católicos e ?indignados? pueden compartir los problemas

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Antonio María Rouco Varela, cree que personas que secundan el movimiento de indignados y jóvenes que participarán en la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra en Madrid en agosto, pueden compartir “problemas y preguntas”.

“Puede ser que haya un grupo de jóvenes que quieran hacer un debate mas allá de lo que está previsto, de la línea argumental de la jornada, pero nosotros acogemos a todos”, indicó ayer Rouco Varela, en declaraciones a RNE.

El arzobispo de Madrid ha explicado que las personas que participarán en la Jornada Mundial de la Juventud, a la que asistirá el papa Benedicto XVI, “van a dar a la ciudad un tono de alegría y de fiesta y seguro que están dispuestos a hablar con todo el mundo, a entablar diálogos e incluso a convencer a alguno de sus compañeros de que probablemente su camino y el que ellos han seguido será un buen camino para resolver los problemas”.

“El momento es crítico, no solo en el que se encuentra España, sino Europa y de alguna manera la gran familia humana”, opinó el líder de los obispos españoles.

Según Rouco Varela, “la Iglesia Católica no tiene soluciones técnicas, ni políticas” para resolver esa situación, aunque plantea la necesidad de llevar a cabo “una revisión y una constante renovación del orden social, político y económico”.

“Siempre dejando ese campo de decisión política concreta a quien tiene que tomarla, que no es el nuestro”, puntualizó.

El presidente de la CEE aseguró además que las relaciones con el Gobierno y con todos los partidos políticos son de “respeto y colaboración en los ámbitos propios de cada uno de las responsabilidades de todos”.

“No excluye que podamos exponer en los temas y problemas relacionados con la dimensión humana y profunda del hombre y del bien social nuestro punto de vista”, manifestó al respecto Rouco Varela, quien también opinó que las relaciones Iglesia-Estado están “suficientemente” delimitadas por la Constitución y por los acuerdos firmados entre España y la Santa Sede.