El Grupo Municipal Vox ha presentado alegaciones a la modificación de la ordenanza fiscal número 34 propuesta por el Gobierno local de PSOE e IU, en relación con la expedición de la resolución administrativa que acuerda la declaración del Asimilado Fuera de Ordenación (AFO) de construcciones, edificaciones e instalaciones.
Para Vox, "la adecuación de las tasas AFO al tipo de edificación que se pretende reconocer abarataría los costes de manera notable".
De esta forma, “además de las alegaciones presentadas a la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de los Asimilados Fuera de Ordenación (AFO) con la idea de establecer un procedimiento simple, claro y coherente que permita hacer más viable la normalización urbanística en Chiclana, entendemos que tenemos que defender los derechos de los chiclaneros también en el aspecto fiscal ligado a esta figura urbanística”, afirma Manuel Vela, portavoz de la formación.
El edil subraya que se trata de “una enmienda a la totalidad, ya que entendemos que con la propuesta de PSOE e IU se va a hacer pagar doble a los chiclaneros que quieran subir este primer escalón para acometer la normalización urbanística de su propiedad. Esta figura no conlleva la legalización de la construcción, que tendrá que pagarse en el futuro, por lo que no nos vale ese mensaje del Gobierno local de que los ilegales tienen que pagar ya el coste de una legalización que no van a tener ahora mismo”.
Así, explica que “entendemos que estos propietarios que ahora quieren acogerse a un AFO pagarán igual que los de construcciones legales cuando puedan legalizar su vivienda o edificación, por lo que la tasa que pretende cobrar el Gobierno local ahora nos parece totalmente desproporcionada”.
En esta línea, Vela defiende que “los chiclaneros quieren pagar la conexión a los servicios básicos, pero que tengan que pagar más por la burocracia del procedimiento y por el hecho de que PSOE e IU consideren que tiene que pagar lo mismo alguien que quiere declara AFO una vivienda de 100 metros que aquella persona que pretende declarar un trastero de 5 metros”.
Sobre esto, la propuesta del Gobierno municipal equipara el pago de las construcciones a aquellas que tengan un valor inferior a los 60.000 euros, “por lo que da lo mismo querer aplicar el AFO a un cuarto de aperos para las herramientas que a una vivienda, algo que nos resulta ilógico, a menos que sea puramente una estrategia basada en el afán recaudatorio al que acostumbra PSOE e IU”.
En este contexto, Manuel Vela resalta que “la declaración de AFO no conlleva la legalización de la construcción ni su urbanización, ni tampoco puede el equipo de Gobierno de José María Román criminalizar ni sancionar por la vía AFO a los chiclaneros. Cuando regularicen en el futuro van a tener que pagar, por lo que intentar hacer pagar ahora por una legalización que no esta tal sería una doble sanción”.
El edil reseña que “estamos hablando del primer escalón de la escalera de la urbanización, por lo que lo lógico sería establecer un precio por un procedimiento básico y pagar en función a eso. Todo lo demás es afán recaudatorio. Una vivienda de 100 metros y un garaje de 10 metros o una pérgola de un par de metros pagan lo mismo según la ordenanza propuesta por PSOE e IU. No tiene sentido”.
Según los cálculos realizados de acuerdo a la tabla de costes incluida en la ordenanza propuesta, “cómo mínimo se va a pagar unos 2.300 euros, al ser la tasa fija por una construcción cuyo coste se estime en menos de 60.000 euros. Es fundamental establecer la distinción que solicitamos, para que un cuarto de aperos de 5x5 no pague lo mismo que una vivienda de 100 metros”
Frente a esto, “en nuestra alegación pedimos que se establezca un precio único por tipo de edificación, para que la gente tenga claro qué va a pagar por una vivienda, un trastero, una piscina o una pérgola, teniendo presente que se puede declarar un AFO por cada construcción concreta”.
Finalmente, Manuel Vela expone que “es más razonable cobrar una tasa distinta según el tipo de edificación, porque la comprobación y los requisitos son distintos en cada caso. Además, esto conllevaría que las tasas pudieran ser más bajas, al llevar aparejada en muchos supuestos menos trámites y burocracia”.
