El Gobierno de España, a través del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022/2025, destina este año 2024 para Andalucía un total de 15.000.000 de euros, de los que 2.250.000 euros corresponden directamente a la provincia de Cádiz. Así lo han anunciado el delegado municipal de Servicios Sociales, Francis Salado, la consejera delegada de Emsisa, Cándida Verdier.
Por su parte, la Junta de Andalucía aporta a este nuevo programa la cantidad de 2.100.000 de euros para toda la comunidad, correspondiéndole en este caso a la provincia de Cádiz la cantidad de 354.375 euros.
“Se prevé que con esta nueva apuesta por la vivienda en Andalucía se van a poder beneficiar 4.800 personas, de las que casi 800 corresponderán a la provincia de Cádiz. Se podrá subvencionar una cuantía máxima de 6.000 euros por solicitud concedida”, ha destacado el delegado, reseñando que “con estas nuevas ayudas se pretende facilitar una solución habitacional al conjunto de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por las circunstancias mencionadas anteriormente”.
Los datos referentes a esta nueva convocatoria de subvenciones en materia de vivienda vienen publicados en el BOJA número 122 de 25 de junio. En esta publicación oficial aparece el objeto de la misma, los posibles beneficiarios, los requisitos que deben cumplir, las cuantías a subvencionar, la solicitud y la documentación a presentar, entre otras cuestiones. El plazo para la presentación de solicitudes comienza hoy mismo 26 de junio y finalizará el próximo 25 de julio. Estas instancias pueden presentarlas presencialmente en las oficinas de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, situada en la Plaza Asdrúbal, en Cádiz, o bien hacerlo virtualmente a través de la página web. El periodo subvencionable de esta convocatoria de ayudas al alquiler comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2024.
Las solicitudes deberán ser presentadas por la persona interesada y se tramitará en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, siguiendo el orden correlativo de entrada en el registro de la Delegación Territorial. Entre los requisitos exigidos se encuentran la acreditación de ser persona víctima de violencia de género, de trata con fines de explotación sexual, de violencia sexual; personas objeto de desahucio de vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. Además, debe ser titular de un contrato de arrendamiento de vivienda habitual, así como destinar la vivienda de cuyo alquiler se subvenciona a residencia habitual y permanente. También debe estar empadronada en Andalucía con más de un año de antigüedad, salvo excepciones motivadas por los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma, entre otros requisitos.
“Desde el Ayuntamiento de Chiclana seguimos estando pendientes de un tema tan importante para los chiclaneros y chiclaneras, como es el tema de vivienda. Nuestro interés es el de informar a toda la población y en especial a aquellas personas que se encuentren dentro de algunos de los colectivos vulnerables para los que va destinado específicamente estas ayudas”, ha incidido Francis Salado, que ha ofrecido la ayuda de la Delegación de Vivienda quien la necesite.
“Cualquier duda que pudieran tener al respecto, pueden dirigirse a Emsisa o a la Delegación de Vivienda para que podamos ayudarles a resolverlas. Nuestra intención es que se puedan beneficiar cuantas más personas mejor de esta nueva convocatoria de ayudas públicas dirigidas a facilitar una solución habitacional a aquellas personas que son más vulnerables”. “Agradecemos tanto al Gobierno de España como a la Junta de Andalucía las cantidades destinadas a estas ayudas en materia de vivienda. Y reclamamos a la Junta, igualmente, eficacia en la tramitación y resolución de estas ayudas para que no ocurra como con el Bono Joven de Alquiler”, ha exigido el edil, haciendo hincapié en que “no serviría de nada esta nueva convocatoria de ayudas al alquiler si luego las familias vulnerables no se pueden beneficiar de ellas”.
Por su parte, Cándida Verdier ha especificado que, “según la convocatoria, las personas arrendatarias no podrán acceder a estas ayudas cuando la arrendadora sea una administración o empresa pública. Ante esto, desde la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, de la que somos miembros, hemos presentado un escrito a la Consejería por esta discriminación y reclamamos que se subsane y estas personas puedan acceder a estas ayudas”.
