La demanda, presentada a las 10:00 horas por el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, añade que el único propósito del complejo ETA-Batasuna desde las últimas elecciones es acceder “como sea” a un “instrumento partidario legal” que les permita volver a las instituciones.
Los servicios jurídicos del Estado concluyen que los estatutos de Sortu no condenan en realidad el terrorismo etarra, sino que con una “forzada perífrasis” se limitan a manifestar su “voluntad y deseo” de contribuir a la definitiva y total desaparición de cualquier clase de violencia.
Así, señalan que lo que Sortu pretende es, “aparentemente, contribuir a que desaparezca la violencia de ETA, pero una vez los fines de ETA hayan sido conseguidos, porque ETA considera que ya no es preciso seguir. Y, mientras tanto, la subordinación del nuevo partido a la estrategia de ETA o, en el mejor de los casos, su coordinación con la organización terrorista, resulta patente”.
La demanda enumera hasta cinco “conexiones directas” de Sortu con ETA, como que en los documentos intervenidos al etarra Ibon Fernández Iradi, Susper, figurara el nombre de una de las promotoras de Sortu como candidata a entrar en la organización o el hecho de que otro de los promotores sea titular de una cuenta bancaria desde la que se envió dinero a presos de la banda.
El Gobierno también incluye en su escrito varios ejemplos de que Sortu es “incapaz” de condenar a ETA, como la entrevista radiofónica hecha a la responsable de Sortu en Eibar, Irene Zarraua, a la que se pidió que valorara la operación policial en la que fueron detenidos cuatro presuntos etarras, que almacenaban doscientos kilos de explosivo.
