El presunto cerebro de la trama de corrupción descubierta en el caso Malaya, Juan Antonio Roca, ha afirmado que en 2005 pretendía poner su patrimonio, que ascendía a 210 millones de euros, a nombre de sus hijos y figurar él mismo como administrador.
En este sentido, ha precisado que “en ningún momento” trató de ocultar que su patrimonio o el patrimonio de sus sociedades era suyo, sino que “disfrutaba” de lo que le pertenecía a ojos de todos.
“Si tratara de ocultar que la titularidad era mía no hago que en 2005 se escrituren las sociedades a nombre de mis hijos”, ha matizado el ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella.
Roca, que ha repasado junto al fiscal las operaciones de varias de las 71 sociedades que se le atribuyen, ha señalado que, como estrategia empresarial, tenía en cartera algunas empresas “por si hubiera que hacer alguna operación”.
“Para hacer operaciones de compraventa uso sociedades por si después se tienen que liquidar”, ha subrayado el principal acusado del caso Malaya, quien ha matizado que, en caso de que no se haga la compraventa, se traspasan a una sociedad patrimonial de tenencia de bienes, de forma que la otra entidad queda inactiva.
Por otro lado, Roca ha señalado que Manuel Sánchez Zubizarreta, uno de los propietarios del gabinete jurídico implicado en el caso, era quien determinaba los administradores en este despacho cuando él estaba inhabilitado, y ha recalcado que no había ningún documento que sustanciara esa fiducia.
A este respecto, ha dicho que tenía confianza plena en dicho gabinete jurídico, Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor.
Roca ha insistido en que nunca ha dudado de la honestidad que siempre ha garantizado tanto este gabinete como las personas con las que él “se entendía y conocía desde hace treinta años”.
A partir de 2005, según el ex asesor urbanístico, Zubizarreta sufría problemas de salud y pretendía retirarse, por lo que él mismo se hizo cargo de “todas o partes de las cosas” que se llevaban desde este despacho de abogados.
210 millones de patrimonio
El presunto cerebro de la trama de corrupción descubierta en el Ayuntamiento de Marbella con el caso Malaya, Juan Antonio Roca, cifró el martes su patrimonio antes de la administración judicial en aproximadamente 210 millones de euros.
El ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, que fue el primero en declarar en la reanudación del juicio, reconoció que, como persona física, no declaró a la Agencia Tributaria los beneficios que obtenía de sus actividades empresariales dedicadas a diversos sectores.
Juan Antonio Roca, en el segundo bloque del caso -centrado en el análisis del blanqueo de capitales en operaciones y sociedades vinculadas al ex asesor urbanístico-, reconoció como suyas “total o parcialmente” las sociedades que se gestionaban desde la oficina de Maras Asesores y desde el despacho de abogados Sánchez Zubizarreta.
Indicó que el control de estas sociedades dependía de él, aunque apuntó que tanto la contabilidad como el proceso societario eran cuestiones que llevaban Maras Asesores o el gabinete jurídico Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor.
Roca aseguró que por su labor como asesor de Urbanismo en las empresas municipales Planeamiento 2000 y Gerencia de Obras percibía 12.000 euros al mes netos, cantidad con la que, a su juicio, “después de impuestos se puede vivir muy bien, llevar a los niños a un buen colegio y permitirse algún viaje”.
Obras de arte
Preguntado por el fiscal anticorrupción acerca de las distintas obras de arte que la Policía encontró durante el registro en su domicilio particular así como en algunas de sus sociedades y fincas, Juan Antonio Roca respondió que no todos los cuadros eran de su propiedad pero que guardaban relación con las obras de su patrimonio.
“Yo tenía cuadros en depósito de personas sin que los hubiera comprado todavía y, aunque estuvieran en mis dependencias, sólo los tenía en concepto de depósito”, aclaró el acusado.
A este respecto, añadió que invertía en cuadros que a su vez acordaba con el propietario para, posteriormente, venderlos, por lo que mientras tanto pagaba su seguro.
El presunto cerebro de la trama reconoció que poseía fincas, obras de artes, aeronaves, coches de lujo y carruajes, que había adquirido a través de sus sociedades.
Durante su intervención, también reconoció que, a pesar de trabajar en el Ayuntamiento de Marbella, nunca abandonó sus negocios particulares, a los que se dedicaba por las tardes, ya que desde 2003, “por autorización expresa de la entonces alcaldesa de este municipio”, sólo acudía a la oficina de Planeamiento 2000 los lunes y martes por la mañana.
El juicio del “caso Malaya”, contra la mayor trama de corrupción conocida en España, cuenta con 95 procesados, entre los que hay ex alcaldes, abogados y empresarios que han estado vinculados a los sectores de la construcción, los toros o el fútbol.
La multa de Gómez salpica a Aguilar
Ecologistas en Acción ha anunciado que presentarán esta semana una denuncia por prevaricación contra la actual ministra de Medio Ambiente y ex alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, por presuntamente haber pactado reducir una multa de 24 millones de euros a 6.000 al empresario Rafael Gómez.
Según Juan Escribano, uno de los responsables de Ecologistas en Acción en Córdoba, están redactando un informe sobre este asunto que serán presentado ante la Fiscalía, pues consideran que incurrió en un delito de prevaricación al pactar reducir la multa por levantar las naves de Colecor en zona no edificable.
