La residencia de tiempo libre de Punta Umbría echa el cierre y el futuro de los trabajadores, alrededor de medio centenar en la provincia de Huelva, ven como su trabajo se vuelve incierto. Una situación que ha anunciado la Junta de Andalucía y ha cogido de sorpresa tanto a trabajadores como a los sindicatos, "muchas personas afectadas se han enterado por los medios de comunicación".
Lo ha confirmado la propia consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, que ha señalado que se había detectado "una merma" del número de estancias en los últimos años y ha explicado que este servicio ha significado, desde 2015, pérdidas en las arcas públicas por valor de 123 millones de euros. Por lo que el "agujero económico" que dejan estas instalaciones es de 15 millones de euros al año según ha expuesto la Junta de Andalucía. Un montante, que lejos de seguir "mermando los números, podrá destinar a gasto social".
Esta decisión afecta a 341 trabajadores en Andalucía, medio centenar en Huelva con la residencia de Punta Umbría. Según ha confirmado la consejera Rocío Blanco, en el caso de la localidad puntaumbrieña las instalaciones serán devuelta al ayuntamiento, dueño de ese edificio; al igual que sucede con las de Siles (Jaén). No corren la misma suerte el resto.
Las residencias de tiempo libre de de Marbella (Málaga) y La Línea de la Concepción (Cádiz) serán explotadas en régimen de concesión. El Gobierno andaluz considera "innecesario" desprenderse de unos activos inmobiliarios "en zonas de alta actividad turística y escaso suelo disponible". Mientras que la Consejería de Hacienda será la encargada de poner a la venta las instalaciones de Aguadulce (Almería) y Pradollano (Sierra Nevada, Granada). A falta de una tasación definitiva, la Junta estima el valor de cada edificio en unos diez millones de euros. A modo de ejemplo, la consejera ha recordado "el modelo de éxito" de la residencia de Cádiz capital, con cuya venta la Junta ingresó 11,8 millones de euros.
Cifras con las que a la Junta de Andalucía no le salen las cuentas de gestionar y mantenerlas abiertas.
REACCIÓN DE SINDICATOS
Por otro lado, los sindicatos CCOO, UGT y CSIF han censurado el interés "mercantilista" de la Junta con el anuncio de cierre de las residencias de tiempo libre, que están orientadas a facilitar las vacaciones a colectivos desfavorecidos, y han denunciado que se les "expropia a la ciudadanía para entregarlas a la especulación de las grandes cadenas hoteleras", al ubicarse en enclaves privilegiados.
CCOO ha denunciado que esta decisión "deja a más de 400 trabajadores con un futuro laboral muy incierto" y una parte significativa de la plantilla es temporal o fija discontinua. El coordinador del Sector de Administración Autonómica de CCOO Andalucía, Pablo López del Amo, ha defendido que es un servicio público enfocado a garantizar el derecho al descanso y a unas vacaciones dignas para todas las personas, especialmente para los colectivos más vulnerables y ha abogado por "revitalizarlas" con una puesta a punto de las instalaciones, así como el refuerzo de su carácter social, fomentando su uso por colectivos sociales.
Además, ha apuntado que son instalaciones de gran potencial, que permitirían complementar su actividad de temporada alta con otras como la celebración de eventos deportivos y de congresos, constituirse en centros de formación (la residencia de La Línea ya lo es), acoger grupos de estudiantes de intercambio o en viaje de estudios, alojamiento de trabajadores temporales de la administración
Dada esta situación, el sindicato CSIF ha expuesto que esta decisión "fue comunicada a CSIF Andalucía el jueves, casi al mismo tiempo que los medios de comunicación empezaron a difundir la noticia. Esto generó caos y nerviosismo entre los trabajadores, quienes se enteraron de la situación a través de los medios de comunicación".
Ante esta situación, el responsable del sector de la Administración General de CSIF Huelva, Emilio Gallango, se reunía este viernes de manera urgente con Juan Carlos Duarte, delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta para conocer este plan de cierre de la Residencia de Tiempo Libre de Punta Umbría, que afecta a 50 trabajadores en la provincia.
Gallango ha explicado que "la operación obedece a un traslado forzoso" y ha lamentado que la Junta de Andalucía "no le haya dado traslado al sindicato de ninguna documentación, informes o documentos que acredite la justificación y necesidad de la adopción de esta medida tan drástica y prematura en el tiempo".
Por último, el responsable sindical ha informado que el servicio jurídico de CSIF estudiará si dicho traslado se ajusta a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo. En esta línea, Gallango ha manifestado que “la hipotética operación de reubicación de trabajadores es una operación compleja que debe de adecuarse al cumplimiento de unos parámetros legales”, y que CSIF "estará atento a todo el trámite".
Por su parte, UGT Huelva ha anunciado movilizaciones "urgentes, ya que no vamos a consentir la privatización de estos servicios". Así, ha denunciado respecto a la situación de los trabajadores que "llevan luchando décadas por sus puestos de trabajo y desde hace un año están en movilizaciones continuas contra el deterioro y la reducción de personal que han ido sufriendo y de repente el Gobierno de Juanma Moreno con sus políticas de derechas toma la decisición de hoy para mañana y sin previo aviso ni a trabajadores, ni a sindicatos, de cerrar todas las Residencias de Tiempo Libre de Andalucía para así continuar con su política de privatizar los Servicios Públicos, como viene haciendo".
Según afirma el sindicato, "son cientos de trabajadores fijos, temporales y fijos discontinuos, los cuales corren peligro en sus puestos de trabajo, por no decir sobre el recurso que van a perder los ciudadanos y ciudadanas, ya que estas residencias además de ser fuente de empleo, son un servicio público que permite la integración de personas con discapacidad, enfocado a garantizar el derecho al descanso y unas vacaciones dignas para todas las personas especialmente para los colectivos más vulnerables".
Habrá que esperar a ver qué sucede con este cierre que, en principio, afectaría a medio centenar de personas que trabajan directamente para el centro.
