A lo largo de la geografía española hay varios municipios que tienen una relación especial con una única empresa que condiciona la vida de sus habitantes, como es el caso de Inditex y el ayuntamiento coruñés de Arteixo, un caso que se replica en otras situaciones por todo el país.
Inditex cuenta con fábricas en Arteixo desde hace casi cincuenta años y, en la actualidad, tiene allí su sede central, un municipio de algo más de 30.000 habitantes con un presupuesto anual que no alcanza los 70 millones de euros, muy por debajo de los miles de millones que factura el gigante textil.
Esta situación hace que el impacto de la compañía en el municipio sea crucial, con unos 5.000 empleados allí, y que todos los partidos tengan interés en gobernar en un lugar de máxima visibilidad, que además es uno de los municipios gallegos cuyos políticos salen más caros por habitante.
Hasta ahora, desde 2011, lo hace Carlos Calvelo, que intentará repetir con unos carteles electorales que minimizan las siglas del PPdeG después de tres mandatos consecutivos en los que ha habido numerosas polémicas, incluso con el mismo partido.
Uno de los problemas de Arteixo es el impacto de la violencia de género, que proporcionalmente a la población es el doble que la media de la provincia, con 1 de cada 200 mujeres como víctima, con un importante trabajo de la Guardia Civil.
CATALUÑA
En el caso de Cataluña, Guissona (Lleida) es un ejemplo de municipio con una alta vinculación a una sola empresa, en este caso de 'bonÀrea Corporación', un grupo agroalimentario que facturó 2.822 millones en 2022 y que da trabajo a 5.763 empleados, de los cuales unos 4.000 trabajan en las instalaciones ubicadas en esa población.
Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona), con unos 13.000 habitantes, es otro ejemplo de monocultivo empresarial, en este caso de un sector, el del cava, ya que esa población aloja las sedes de las principales empresas del sector, entre ellas de Freixenet y Raventós Codorníu.
En Súria (Barcelona), una población de unos 6.000 habitantes situada en el centro de Cataluña, una parte significativa de la población trabaja o tiene familiares o amigos empleados directa o indirectamente en las minas que explota de ICL Iberia.
Lo mismo sucede en las poblaciones de Vandellós y Ascó (Tarragona), donde las centrales nucleares son una fuente de empleo e ingresos importante para esas poblaciones, pues se calcula que su cierre provocará la pérdida de 3.000 empleos directos.
CASTILLA Y LEÓN
En Castilla y León esta realidad la conocen bien en las ciudades de Valladolid y Palencia, donde hace décadas quedaron implantadas las principales factorías de Renault en España, con cerca de 9.000 empleos entre ambas.
El impacto trasciende lo local y si hay crisis de semiconductores y Renault para, la producción industrial de Castilla y León se para, y con ella las exportaciones.
EUSKADI
La Corporación Mondragón, el grupo cooperativo más grande del mundo, se asienta en la comarca guipuzcoana del Alto Deba, donde cuenta con un total de 33 cooperativas en las que trabajan 9.500 personas.
El gigante empresarial mantiene sus oficinas centrales en Arrasate-Mondragón, un municipio de cerca de 22.000 habitantes, cuyo desarrollo urbanístico responde también al crecimiento de un grupo que nació en un taller y que actualmente cuenta con un centenar de cooperativas en el mundo, que cerraron 2021 con unas ventas de 11.404 millones de euros y una plantilla de 80.821 trabajadores.
REGIÓN DE MURCIA
ElPozo es en Alhama (Murcia) lo que Central Lechera Asturiana a Siero. Que una empresa con casi 5.000 trabajadores influya en un municipio de 22.000 no es de extrañar porque de ella vive casi todo el pueblo.
El dueño de ElPozo, Tomás Fuertes, de 83 años, tiene un patrimonio de 1.980 millones de euros y es el número 20 en el ranking de los más ricos del país.
