Unidas Podemos registra este martes una proposición de ley para prohibir que se financien campañas electorales mediante créditos bancarios, desde el argumento de que así se eliminará la "injerencia del sector financiero en los procedimientos electorales".
De esta forma, según relatan fuentes del grupo parlamentario, las campañas se asumirán con cargo a los recursos propios de los partidos y aportaciones de sus militantes y simpatizantes, ya sean en forma de donativo o mediante créditos sin intereses.
Y para compensar el impacto que esta prohibición pudiera tener sobre determinadas formaciones políticas, plantean también que se incremente el límite del porcentaje de adelanto de subvención a los que aquellas pueden solicitar, del 30 al 50 por ciento.
Precisamente los microcréditos es un mecanismo icónico de la formación desde su nacimiento para obtener recursos para financiar las campañas electorales desde su nacimiento, dado que esas aportaciones luego se devuelven con los recursos del partido.
También es habitual que los morados presuman de este método en sus intervenciones y de no pedir dinero a los bancos. Dentro de esta campaña del 28M ha logrado una cantidad superior a los 900.000 euros, que supera a la cifra de 2019 cuando logró reunir 698.000 euros.
EL TRIBUNAL DE CUENTAS EXIGE REGULAR MEJOR LOS MICROCRÉDITOS
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas viene avisando desde hace años que se necesita regular esas nuevas fórmulas para obtener recursos pues ve vacíos legales en la ley de financiación de los partidos políticos de 2015.
En la exposición de motivos de la iniciativa, el grupo confederal traslada que el "sector bancario en España tiene un enorme poder político y mediático que limita de una manera muy marcada el desarrollo democrático del país", dado que la banca privada tiene un tamaño "desproporcionado" y un "enorme predominio con relación a otras naciones de la UE, contrastando con el "escasísimo desarrollo de la banca pública".
"Nadie duda de que existe una relación directa entre la dependencia de partidos las entidades financieras y las enormes resistencias de aquellos a adoptar medidas postergadas por demasiado tiempo, como la regulación de la dación en pago en los préstamos hipotecarios, la limitación de los tipos de interés abusivos, la regulación del mercado inmobiliario, el freno a la externalización de servicios públicos, el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de la banca (...), ahonda la iniciativa de los morados.
Por tanto, demandan que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) introduzca la prohibición expresa de financiación de campañas electorales con créditos procedentes "de cualesquiera entidades de crédito, bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito o del Instituto de Crédito Oficial".
También para aportaciones a cuentas electorales de fondos derivados de préstamos provenientes de personas físicas y jurídicas, siempre que estos sean a título oneroso, y se haya pactado una contraprestación o interés. Algo que no afectará a los préstamos a título gratuito.
APORTACIONES DE PERSONAS EXTRANJERAS
A su vez, reclama que se impida la aportación a estas cuentas de fondos procedentes de entidades o personas extranjeras, excepto los otorgados en el presupuesto de los órganos de las comunidades europeas para la financiación de las elecciones al Parlamento Europeo, y, en el supuesto de elecciones municipales, únicamente con relación a las personas para quienes sea aplicable lo dispuesto en el artículo 13.2 de la Constitución.
Por otra parte, Unidas Podemos solicita también eliminar las subvenciones electorales específicas para el "mailing" o envíos por correo postal de papeletas y propaganda electoral, en las convocatorias a elecciones a Cortes Generales, y en las convocatorias a elecciones al Parlamento Europeo, que suponen al erario público unos 25 millones de euros por convocatoria electoral.
Concretamente, los morados se apoyan en las recomendaciones del Tribunal de Cuentas que expuso, con motivo de las elecciones generales de 2019, que se subvencionaron 150.013.844 envíos electorales, siendo este importe por primera vez superior al de la suma del resto de subvenciones para campaña electoral a todas las formaciones políticas, que ascendió a 23,6 millones de euros.
En este sentido, rememora que el órgano fiscalizador aconsejaba encontrar alternativas "menos costosas para el erario público, en lugar de este desembolso "anacrónico, poco útil y fácilmente sustituible".
Para compensar la eliminación de estas subvenciones específicas al "mailing" electoral, indica que sea la Administración quien lleve a cabo la remisión de un único envío con las papeletas de todas las candidaturas presentadas y proclamadas.
