La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha instado este sábado al PSOE a "asumir su responsabilidad" para cambiar las mayorías en el Consejo General del Poder Judicial y así poder renovarlo "de forma inmediata" ante el "secuestro" de este órgano "realizado por la derecha judicial y política con el Partido Popular a la cabeza".
De esta forma se ha expresado Belarra en relación con el debate suscitado en torno a qué deben hacer los vocales progresistas en relación con la renovación del Consejo General del Poder Judicial, un órgano que ha "secuestrado" la "derecha judicial y política, con el Partido Popular a la cabeza" para "seguir en rebeldía contra la Constitución".
Belarra ha sostenido que esta forma de actuar "no va a ser una solución eficaz para cumplir con la Carta Magna", razón por la que ha instado también al Partido Socialista a "asumir su responsabilidad para cambiar las mayorías y renovar inmediatamente el órgano".
Esto debido a que "todos los espacios políticos" tienen la "obligación" de cumplir con la Constitución y asumir la responsabilidad constitucional derivada de la misma.
En este sentido, los vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebraron una primera reunión este viernes para valorar una posible dimisión en bloque que fuerce la renovación de la institución --caducada desde el 4 de diciembre de 2018--, si bien ha servido solamente para abrir el debate, por lo que se han vuelto a citar para el próximo martes a las 19.00 horas.
Según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, el encuentro de este 24 de marzo ha sido una primera aproximación, ya que solo han podido participar 5 de los 8 vocales progresistas --Rafael Mozo, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez--, faltando Mar Cabrejas, Roser Bach y Enrique Lucas.
De momento, el único punto de coincidencia en el seno del bloque progresista es que resulta "inaceptable" que el CGPJ siga sin renovarse, después de más de cuatro años en situación de interinidad y varias tentativas de acuerdo político frustradas.
