La audiencia que ha tenido lugar este pasado martes en el marco del proceso judicial que se sigue en Egipto contra Patrick Zaki, el estudiante egipcio del Máster Erasmus Mundus en Estudios de las Mujeres y de Género (Gemma), coordinado por la Universidad de Granada (UGR), quien fue detenido en su país por asuntos relacionados supuestamente con su activismo por la igualdad, ha vuelto a posponerse, en esta ocasión para el próximo 9 de mayo.
Así lo ha trasladado el propio Zaki en su perfil de la red social Twitter, consultada por Europa Press, después de que a finales del pasado mes de noviembre el proceso fuera aplazado al objeto de completar las diligencias abiertas, según informó entonces el Gemma. Esta decisión le sigue impidiendo salir de Egipto al menos en los tres próximos meses.
A principios de febrero del año pasado esta misma audiencia fue pospuesta el pasado 6 de abril, y ese día al 21 de junio, cuando las autoridades judiciales dieron una nueva fecha de septiembre, en que tampoco se celebró, posponiéndolo a noviembre. La defensa de Zaki, que consideró en esta última fecha que no había "razón válida" para estos aplazamientos, confió en que este pasado martes pudiera haber sido la definitiva, si bien el caso ha vuelto a no quedar visto para un veredicto final.
La semana pasada, la UGR, y con ella el consorcio Gemma mostró su apoyo a su estudiante Patrick Zaki, que empezó el curso de manera telemática, ante la celebración del juicio que estaba previsto contra él este pasado martes.
Zaki es activista por los derechos de los coptos (egipcios que profesan algún tipo de fe cristiana) y del colectivo Lgtbi. Desde la UGR se espera que el caso finalice con "la absolución total del activista y sea liberado de todos los cargos lo antes posible para que pueda volver a la normalidad".
En febrero de 2020, tras una concentración que reunió a unas 150 personas, la UGR expresó que desde que tuvo conocimiento de su detención articuló "todos los mecanismos existentes a través de la Embajada", exigiendo a todas las autoridades responsables de que se garantizaran "los derechos de asistencia letrada y todas las garantías procesales al detenido".
