El Juzgado de Instrucción número 1 de San Roque ha ordenado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones sobre las presuntas irregularidades en las concesiones de licencias de obras por parte del Ayuntamiento de San Roque a Cepsa para el desarrollo del proyecto Fondo de Barril.
Así lo ha dado a conocer el colectivo Verdemar Ecologistas en Acción, denunciante de las mismas, que reclama, eso sí, que el Consistorio declare de “nulidad de pleno derecho” dichas licencias, toda vez que el proyecto Fondo de Barril ha sido descartado por Cepsa.
El grupo ecologista demandó al alcalde sanroqueño, Juan Carlos Ruiz Boix, y a la propia empresa ante la Fiscalía de Área de Algeciras, lo que dio lugar a diligencias previas en el citado Juzgado.
Finalmente, el Juzgado ha dictado un auto acordando el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, dictaminando en el Fundamento de Derecho Tercero que “todo ello sin perjuicio de las actuaciones que las partes puedan promover ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo y ello lo decimos porque, tras lo practicado y la recepción de diversos informes, cabría entender la existencia de irregularidades o supuestos incumplimientos de la normativa administrativa de las que no se deduce el carácter penal en la concesión de Licencias de Obras”.
Recuerda Verdemar que Cepsa S.A “ejecutó obras que implicaban desmontes, movimientos y gestión de tierras para la urbanización del terreno destinado a la instalación Fondo de Barril, dentro del Área CP2-PEI. Suelo Urbano No Consolidado (U.E.1)”.
“Todas las licencias referidas se otorgaron sin esperar a la aprobación definitiva de los instrumentos de ejecución urbanística preceptivos, a saber: Delimitación, Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización”, insiste el colectivo.
“En este caso, el Estudio de Detalle sólo había sido aprobado inicialmente por Decreto de la Alcaldía de 25/03/2019”, añaden.
“La aprobación municipal del subsiguiente Proyecto de Urbanización no se ha iniciado siquiera, pese a lo cual se ha desmontado y rebajado todo el cerro de Los Castellones, sin pronunciamiento legal que imponga las necesarias cautelas ambientales y arqueológicas a través de la Calificación Ambiental”, sostienen los ecologistas.
Es por eso que Verdemar Ecologistas en Acción entiende que “las referidas licencias serían nulas de pleno derecho, pues se basan en una modificación puntual del Plan Especial y de Seguridad Industrial (PEYSI, aprobado en 1993) en el Área de la Bahía en el T.M. de San Roque sobre el Área del Complejo Petroquímico del Grupo Cepsa, que no ha llegado a publicarse tras su aprobación en pleno del Excmo. Ayuntamiento de San Roque de fecha 29 de noviembre de 2018”.
Por eso, han pedido al Ayuntamiento de San Roque que “se debe reparar cualquier perjuicio ocasionado por la omisión de una evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente requerida por el Derecho de la Unión que obliga a restaurar los terrenos con recuperación de los valores ambientales perdidos, enervando toda la tramitación de su evaluación ambiental a posteriori, si no se quieren reducir a la nada normas de Derecho necesario con violación de la jurisprudencia comunitaria”.
