La ministra Teresa Ribera defiende decisión sobre el trasvase y pide "tranquilidad"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha defendido hoy la decisión del Gobierno respecto al caudal ecológico del Tajo y el trasvase al Segura y ha pedido "tranquilidad" a las partes implicadas.

Miles de regantes, políticos y representantes socieconómicos del levante se han manifestado hoy a las puertas de su ministerio en Madrid para protestar por la reducción de ese trasvase, ante las consecuencias que tendrá para la región.

Ribera, que ha participado esta mañana en el foro profesional del Spain Investors Day, ha indicado que tiene "la impresión de que, más que contra el trasvase, la manifestación plantea dudas con respecto a la necesidad de fijar un caudal ecológico" para el Tajo, si bien la obligación del Gobierno pasa por "respetar el criterio de los técnicos sobre la base del mejor conocimiento científico" así como "la ley europea, la nacional y la jurisprudencia" incluyendo las sentencias que obligan a fijar este caudal ecológico.

Preguntada por la existencia de un informe científico concreto que avale la decisión, ha asegurado que ésta se basa en "un criterio exclusivamente técnico", ya que "cada demarcación hidrográfica tiene que fijar con arreglo exactamente a los mismos criterios que todos los demás ese caudal" que hasta ahora no estaba determinado, lo que ha motivado ya "cinco sentencias condenando al Gobierno y anulando el plan hidrológico del Tajo".

"Nuestra intención es velar por el interés general y responder de la mejor manera a las peticiones de todas las partes", pero ha advertido de que no es posible hacerlo "exactamente a cada una de las peticiones con particular énfasis local" porque "no son compatibles entre sí".

En ese sentido, ha destacado que la opción del Ejecutivo es "enormemente innovadora" porque en lugar de imponer el caudal desde el primer día "lo que hemos hecho es proponer una aplicación progresiva para darnos tiempo a poder acometer inversiones que generarán más agua adicional" y garantizarán tanto el agua de boca como la necesaria para las actividades económicas.

Esta aplicación gradual dará tiempo a una inversión que "no tiene parangón en nuestro país", de más de 8.000 millones de euros en casi cinco años, y que en el futuro permitirá disponer "de mucha más agua" sin que las Comunidades Autónomas afectadas "tengan que depender del agua en la cabecera del Tajo" gracias a diversas medidas como la desalación, la reutilización o la conexión entre desaladoras.

En este momento ha recordado la situación "muy difícil" con la que "tuvo que lidiar la ministra (Isabel García) Tejerina", entonces responsable de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, cuando "desde junio de 2017 hasta marzo de 2018 se trasvasó cero hectómetros cúbicos de agua" a consecuencia de "una enorme sequía" y "lo que queremos es que esto no ocurra más".