Así lo indicó el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz en una nota de prensa difundida ayer, donde señala que el Consistorio –gobernado por el PP– “se ve obligado a retirar” el requisito que impedía empadronarse en este municipio a quienes vivieran en pisos de menos de 20 metros cuadrados o tuvieran pasaporte con el visado de turista.
El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz advierte de que “seguirá trabajando para evitar los hacinamientos y los pisos patera en la ciudad” e insta al Gobierno de España a que modifique las leyes que regulan estas situaciones y a que aumente las ayudas económicas a los municipios para integrar a los inmigrantes.
El Gobierno municipal de Torrejón recuerda que en los últimos 7 años la inmigración “se ha desbordado” en esta localidad hasta representar el 20% de la población total, de manera que se ha convertido “en la ciudad de más de 100.000 habitantes de la Comunidad de Madrid con el mayor porcentaje de inmigrantes”.
Este hecho, añade, dio lugar a “situaciones de hacinamiento” y a problemas de convivencia derivados de la proliferación de “pisos patera” en el municipio, compartidos por más de 20 personas que vivían “en condiciones infrahumanas”.
“Torrejón de Ardoz nunca ha sido racista y xenófobo”, asegura el Consistorio en su nota y añade que la ciudad ha sido siempre “solidaria” con los extranjeros y es “pionera” en políticas de integración. Recuerda que Torrejón es “de las pocas ciudades de España que cuenta con una Concejalía de Inmigración y con un Director de Inmigración de nacionalidad extranjera” y que el presupuesto municipal para esta materia se ha incrementado un 70% en los últimos dos años.
El Ayuntamiento asegura también que las normas de empadronamiento vigentes hasta ahora no impedían que los inmigrantes tuvieran garantizados los derechos básicos de sanidad y educación, y advierte de que en Torrejón no se empadrona a los turistas, al igual que ocurre “en la mayoría de los países europeos”.
Ahora, el Ayuntamiento anuncia que acata “pero no comparte” el dictamen de la Abogacía del Estado, pero insta al Gobierno de España a que modifique las leyes para garantizar “unas condiciones mínimas de habitabilidad en el domicilio”.
Para ello propone que se establezca una cifra máxima de ocupantes en relación con la superficie de la vivienda, con el fin de evitar hacinamientos de personas sin parentesco en viviendas y proteger a los menores.
Asimismo solicita que el Gobierno se pronuncie sobre si se debe empadronar a los extranjeros que están en España como turistas y que aclare “la contradicción evidente” de la Ley de Extranjería.
El PP exige modificar la ley
La secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal, exigió ayer al Gobierno una modificación de la Ley de Extranjería que establezca un marco único para todo el territorio nacional, nunca el padrón, que regule los derechos de los inmigrantes y que dependa del Gobierno, no de los Ayuntamientos.
De Cospedal, en la conferencia de prensa que ofreció después de la reunión del Comité de Dirección, insistió en que ésta es la exigencia del Partido Popular ahora que el debate sobre la inmigración legal e ilegal se ha instalado en la opinión pública a raíz de las polémicas surgidas en los consistorios de Torrejón (Madrid) y Vic (Barcelona).
