El Gobierno del Reino Unido publicó el proyecto de ley que le otorgará poderes para ignorar las partes más controvertidas del acuerdo del Brexit en relación a Irlanda del Norte, pese a las advertencias desde diversos ámbitos de que su amenaza puede violar la legislación internacional.
El primer ministro británico, Boris Johnson, que firmó el pacto con la Unión Europea (UE) en 2019 y lo defendió entonces como un arreglo "estupendo", en particular "para Irlanda del Norte", cree ahora que genera demasiados problemas, por lo que ha tratado de negociar cambios desde que entró en vigor, hace 18 meses.
La ley presentada, que afronta una compleja tramitación parlamentaria, ofrece al Gobierno capacidad para limitar los controles aduaneros y anular el papel del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) como última instancia para disputas comerciales en la región, que continúa integrada en el mercado comunitario. En su lugar, propone establecer un comité de arbitraje.
También ofrece libertad a Londres para aplicar subsidios y desgravaciones fiscales en Irlanda del Norte, que según los acuerdos debe cumplir las reglas europeas para evitar competencia desleal con el resto del mercado, así como para que las empresas norirlandesas puedan prescindir de los estándares comunitarios si sus productos no están destinados a la UE.
OBSTÁCULOS PARA LA NUEVA LEY
Cuando la legislación comience a debatirse en la Cámara de los Comunes, en los próximos días o semanas, chocará con la oposición de una facción del propio Partido Conservador de Johnson, que hace menos de una semana sobrevivió a un motín interno que a punto estuvo de costarle el cargo.
El malestar de sus correligionarios contra él continúa vivo, como refleja una nota que ha circulado en los últimos días entre parlamentarios "tories", aireada por el diario Financial Times, que alerta de que sus planes sobre el protocolo norirlandés pueden "dañar todo lo que representa el Reino Unido" en la esfera internacional.
La nueva ley encontrará además serias trabas en la Cámara de los Lores (Alta), donde el Gobierno no tiene mayoría.
Mientras el Gobierno avanza hacia una nueva batalla parlamentaria, aspira a continuar negociando al mismo tiempo con Bruselas, que en su primera reacción tras la publicación de la ley ha reiterado que no tiene intención de reabrir el texto del protocolo en ninguna circunstancia.
A pesar del ambiente enrarecido en las relaciones entre ambos lados del canal de la Mancha, el Ejecutivo británico insiste en que aún confía en encontrar una salida ordenada a la crisis.
Ante el órdago que ha materializado Johnson, la UE puede reactivar un proceso legal contra el Reino Unido por incumplir los acuerdos que ya puso en marcha en 2020, tras un intento similar de Londres que acabó frustrado antes de recibir luz verde en el Parlamento.
Bruselas no ha amenazado de manera explícita con imponer aranceles a productos británicos como represalia, pero la posibilidad de que el contencioso desencadene finalmente una guerra comercial lleva meses sobre la mesa.
ARGUMENTARIO LEGAL
El Gobierno británico insistió hoy, en un documento que divulgó en paralelo a la nueva ley, en que sus planes cumplen la legalidad, bajo el argumento que la implementación del protocolo norirlandés pone en riesgo el Acuerdo de Viernes Santo, también considerado un tratado internacional, que garantiza la paz en la región desde 1998.
El Gobierno sostiene que la aplicación del acuerdo del Brexit ha creado una "situación excepcional". "Ante las difíciles, complejas y únicas circunstancias en Irlanda del Norte, el Gobierno ha decidido, aunque con pesar, presentar medidas que, al entrar en vigor, prevén el incumplimiento de ciertas obligaciones", detalla el informe.
El ministro para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, recalcó hoy que el plan es "legal y correcto", aunque en 2020, cuando el Gobierno presentó una ley que también amenazaba con minar partes del acuerdo del Brexit, había admitido que aquel el texto violaba la legislación internacional "de una manera limitada".
TENSIÓN EN IRLANDA
Uno de los objetivos a corto plazo de Johnson con su ofensiva contra el protocolo es convencer al Partido Democrático Unionista (DUP), entre los principales críticos con el acuerdo, de que desbloquee la formación de un Gobierno autónomo de poder compartido, que se niega a facilitar mientras no se modifique el pacto con Bruselas.
El líder del partido, Jeffrey Donaldson, rechazó aclarar sus siguientes pasos tras la publicación de la ley y se limitó a avanzar que valorará se trata de una "acción decisiva" a medida que la legislación "progrese" en el Parlamento.
El republicano Sinn Féin, que ganó las últimas elecciones norirlandesas pero no puede formar un Ejecutivo sin el beneplácito del DUP, tachó por su parte los planes de Johnson de "imprudentes" y "vergonzosos".
Desde Dublín, el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Irlanda, Simon Coveney, alertó por su parte de que la legislación va en contra de las normas internacionales y "daña profundamente" sus relaciones con el Reino Unido.