En la comparecencia prevista en la Ley del Jurado ante la juez, que duró casi cuatro horas, las acusaciones, entre ellas el PP, el PA, el PSOE y la Fundación Mercasevilla -que se ha adherido a la imputación del fiscal-, concretaron los delitos que les imputan por este caso a Rivas, al ex director de esa empresa Fernando Mellet, a su ex adjunto Daniel Ponce y a la funcionaria M. R. P. B.
Tras oír a las partes, la jueza de Instrucción 6 de Sevilla que investiga el intento de cobro de comisiones ilegales suspendió la comparecencia, tras lo que se pronunciará en un auto sobre los recursos pendientes y sobre las imputaciones solicitadas, antes de citarlas de nuevo para la proposición de pruebas y de remitir el procedimiento a la oficina del jurado para la apertura del juicio.
Según el acta de la comparecencia, a la que tuvo acceso Efe, el letrado de la Fundación Mercasevilla como acusación particular y los del PP y del PA, personados como acción popular, imputaron un presunto delito de cohecho a los cuatro implicados.
El PP también atributyó los delitos de uso de información privilegiada y tráfico de influencias a Rivas y a Mellet, y el de prevaricación sólo al delegado de Empleo de la Junta en Sevilla.
El PSOE, como acusación popular, pidió que se retire del caso a Rivas y a la directora de Proyectos de Mercasevilla, al considerar que no tienen responsabilidad alguna, e imputó por un delito de estafa cualificada en grado de tentativa a Mellet y Ponce, al esgrimir que no son funcionarios públicos.
Las cuatro defensas solicitaron el sobreseimiento libre de la causa en relación con sus defendidos, en el caso de Mellet, Ponce y Rivas, y el sobreseimiento provisional en el de la funcionaria.
La Fiscalía consideró que hay "indicios suficientes" para imputar a los cuatro implicados un delito de cohecho y relató, según el acta, que el origen de los hechos fue la subvención de 900.000 euros que Empleo concedió a Mercasevilla para crear una escuela de hostelería.
Según el fiscal, su gestión "se había acordado previamente que se encargaría a Restauración Alazar SL" (Grupo La Raza), y Rivas, "en connivencia" con Mellet y "con el ánimo de obtener un ilícito beneficio propio", "acordaron exigir" a esa empresa una comisión de 300.000 euros "a cambio de otorgarles la explotación".
Añadió que el pasado 16 de enero los imputados concertaron una reunión de los empresarios con Ponce y la funcionaria, que, "conociendo las intenciones de los otros imputados, accedieron a colaborar con ellos con el ánimo de obtener un ilícito beneficio".
En ella, Ponce les "exigió" los 300.000 euros y otros 150.000 para la acometida eléctrica y, "siguiendo el plan preconcebido por los cuatro imputados", alegó que "era una contribución a la Junta".
En otra reunión el 27 de enero, con Mellet y con Ponce, según el Ministerio Fiscal, "se reiteraron" esas "mismas exigencias".
La defensa de Rivas
Tras considerar la postura de la Fiscalía "tan legítima" como las del resto, el abogado del delegado de Empleo, Francisco Baena Bocanegra, declaró a los periodistas que "Rivas sobra absolutamente en este procedimiento, no hay duda".
"Estoy convencido de que a Rivas el juzgado le va a reconocer que no tiene nada que ver", dijo, y, si no, tampoco le "preocupa", pues "para eso están los juicios, que es el momento supremo".
A su juicio, la Fiscalía ha "repetido la misma imputación del primer día" que hizo la jueza y "no ha añadido nada nuevo", pero "ha entendido que en este momento debe sostener su imputación y es un criterio", y a él el que le "vale es el de la jueza instructora".
Afirmó que la presunción de inocencia "ampara al justiciable desde el primer día y, mientras no se demuestre que (ésta) carece de base, hay que tenerlo por inocente", además de que no hay prueba alguna y "Rivas tiene derecho a estar alejado de este procedimiento, a que no se le haga sufrir más y a seguir con su impecable carrera política", por lo que "es inadmisible que esto ocurra".
Por su parte, Alfonso Martínez del Hoyo, letrado de Mercasevilla, indicó a los periodistas que se han adherido a la imputación de la Fiscalía en un acto que calificó como "puramente formal", pese a que en el caso de Rivas y de la funcionaria no hay "a día de hoy ni pruebas ni indicios sólidos", sólo la declaración de Mellet.
"Si no surgen nuevos elementos probatorios ni indiciarios" en un momento procesal posterior, dijo, Mercasevilla no mantendrá estas imputaciones.
